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L.J.R.
LOGROÑO.
Lunes, 2 de marzo 2020, 08:25
Bajo las siglas PNIEC se presenta el plan diseñado por el Gobierno central (a petición de la UE) para sentar «las bases para la modernización de la economía española, el posicionamiento de liderazgo de España en las energías renovables, el desarrollo del medio rural, la ... mejora de la salud de las personas y el medio ambiente, y la justicia social». Un compendio de ambiciosos objetivos para los diez próximos años que pivotan sobre cuatro grandes ejes: la reducción para el 2030 de al menos un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación a 1990; generar el 70% de la electricidad con renovables; asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables; y mejorar la eficiencia energética en un 35%.
Directamente vinculado con el primer gran reto, uno de los puntos que se aborda es el de la movilidad sostenible, cuestión que se recoge en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), al que el Consejo de Ministros dio luz verde hace ahora casi un año. A la hora de abordar esa materia, la futura ley (que el Gobierno se comprometió a aprobar en sus cien primeros días) establece que, a partir del 2023, las ciudades de más de 50.000 habitantes (en La Rioja solo obligará a Logroño) tendrán que delimitar zonas centrales con acceso limitado a los vehículos más contaminantes y definir zonas de bajas emisiones, lo que supondrá una fuerte reducción de la movilidad del vehículo privado.
Esa es, quizá, la medida que mayor impacto tendrá en el ciudadano de a pie, pero hay más. Así, para favorecer la expansión del vehículo eléctrico se creará una plataforma de información sobre puntos de recarga; será obligatoria la instalación de puntos de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones de edificios existentes; y las nuevas gasolineras que se autoricen o se reformen también deberán «instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica».
Las administraciones también se verán afectadas por la ley y «para alcanzar una movilidad sostenible», el anteproyecto prevé que todas ellas deberán contar en el 2050 con un parque de turismos y de vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.
A lo largo del PNIEC se contemplan diferentes medidas como las vinculadas con la eficiencia energética (están previstas ayudas públicas para abordar cambios en los edificios que mejoren su certificación energética, para renovar las instalaciones térmicas...); con la movilidad (también se prevén ayudas para que los propietarios de vehículos puedan renovar su auto por otro menos contaminante); o con la información que podrán recibir los consumidores reciben renueven sus electrodomésticos.
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