Las pautas del Interterritorial obligarían a cerrar el ocio nocturno y el interior de la hostelería

Los hosteleros riojanos se rebelan contra una decisión que, según entienden, «no se sustenta en ninguna razón científica», explicaba ayer el presidente de la patronal riojana, Francisco Martínez Bergés, quien ponía como ejemplo, que el Gobierno regional «ha tenido varios días para recurrir las cautelares del TSJR, que el sector ganó, pero no lo ha hecho», lo que demuestra que «los políticos toman decisiones contra la hostelería sin presentar pruebas sanitarias en las que justificarse».

En su opinión, el Ejecutivo «quiere estar por encima de los jueces» y, además, imputa a los indicadores epidemiológicos generales de la comunidad el brote en una empresa de alimentación de Albelda (en referencia a Granderroble, del Grupo Palacios), «cuando los hosteleros no tenemos que ver nada en ello».

Su colega de la asociación empresarial de ocio nocturno, Antonio Cendra, también recibió con disgusto que el Gobierno regional haya respaldado el plan de la ministra de Sanidad, Carolina Darias: «Nos están reventando y no entendemos, nos parece inaudito, las razones de su empecinamiento en cargarse a las empresas de nuestro sector de las que dependen 2.000 familias».

Este tipo de este establecimientos, con los datos riojanos de contagios por cada cien mil habitantes actuales (207,24 y 115,03 casos, a catorce y siete días, respectivamente), deberían cerrar de nuevo sus puertas, ya que, la IA a 14 días se sitúa casi 60 puntos por encima de los 150 casos que pone como listón el Ministerio. En el caso de una situación epidemiológica más benevolente, incluso llegada la segunda 'nueva normalidad', las limitaciones de aforo planteadas harán «imposible» conseguir rentabilidad.

Cendra cargó las tintas contra la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, y la consejera de Salud, Sara Alba: «Hace unos días tuvimos una reunión tanto con Salud como con Desarrollo Autonómico, que finalmente fue una 'no reunión', porque enviaron a dos funcionarias fantásticas de cada consejería, pero no apareció ningún responsable político, con lo que, y se lo digo claramente, no sé qué narices tienen contra este sector».

El Consejo Interterritorial de Salud aprobó un nuevo Documento de Actuaciones Coordinadas (DAC), que recabó el apoyo, además de La Rioja, de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria, Asturias, Canarias, Baleares, Navarra y Aragón, y la abstención de Castilla y León. De las seis comunidades que votaron en contra, tres anunciaron ayer (Madrid, Andalucía y País Vasco) que no acatarán la decisión, para Sanidad de «obligado cumplimiento».

El Gobierno regional se limitó ayer a recordar su respaldo a un borrador que establece un semáforo con unas medidas asociadas que, de estar en vigor ya, y dados los indicadores sanitarios de la región, conllevaría la restricción de actividades hosteleras. Pero «ahora hay una indefinición», que no se despejará hasta que «el documento definitivo se publique en el BOE y se transponga a nuestra comunidad», teniendo en cuenta, además, que la hostelería y el ocio nocturno riojanos se rigen desde la semana pasada por las cautelares dictadas por el Superior de Justicia.

En este sentido, Adolfo Alonso, (Soriano Zueco Abogados), letrado que lleva la representación legal de los hosteleros asociados a la FER, explicaba anoche a este periódico que para que el documento vincule directamente a los riojanos, la Comunidad «debe aprobar un acuerdo en el Consejo de Gobierno» para plasmar (transponer) el contenido de la decisión nacional y después publicarlo en el Boletín Oficial de La Rioja. No obstante, a su juicio, «debería primar» el auto del TSJR. Alonso entiende que «sería un fraude de ley y procesal» que el Superior de Justicia de La Rioja haya acordado la suspensión de unas medidas restrictivas y que el Gobierno regional, «al socaire de un documento aprobado gracias en parte a su voto favorable, vuelva a aprobar las mismas o análogas medidas, sorteando con ello un pronunciamiento judicial».