Ya es mala suERTE

En quince días, 3.315 empresas riojanas han solicitado permiso a la autoridad laboral para suspender de forma temporal a través de un ERTE los contratos de sus plantillas por una causa de fuerza mayor llamada COVID-19. En todo el año pasado fueron siete, y en el 2012, el ejercicio más duro de la pasada crisis económica, 319, según puso de relieve ayer en rueda de prensa el consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana. Asimismo, el número de trabajadores afectados (el Gobierno estima entre 17.000 y 20.000) supera ya al de parados registrados: 16.454 en febrero, último dato publicado.

Las cifras de esta avalancha «sin precedentes» de ERTE sobrecogen por sí mismas pero, sobre todo, por lo que conllevan. Por un lado, condicionan que las empresas queden exentas de abonar las cotizaciones a la Seguridad Social durante «esta crisis transitoria» y, por otro, que los trabajadores afectados puedan acceder al cobro del subsidio de desempleo.

Para agilizar al máximo (cinco días) este «reto enorme», el Gobierno regional está haciendo «un esfuerzo descomunal». Así, «se ha formado» específicamente a 80 administrativos y técnicos administrativos de cuatro consejerías divididos en equipos para que se dediquen de forma exclusiva a la tramitación de los expedientes, cuando lo normal es que a esta tarea solo esté destinada una persona. Y los resultados se han empezado a ver, pues el ritmo de tramitaciones diarias «se ha duplicado» gracias «al compromiso total, al entusiasmo y a la entrega de los equipos». De los 3.315 ERTE presentados desde el inicio de la crisis ya hay registrados 1.543, con 9.147 trabajadores implicados, y se han aprobado 427 (208 entre el sábado y el domingo) con 1.845 empleados afectados. Los otros 1.116 están pendientes de «subsanar errores». Con todo, el consejero descartó que el servicio haya estado en riesgo de colapsar en algún momento: «Hemos reaccionado de forma anticipada y la capacidad de respuesta de los equipos ha aumentado de forma exponencial».

Además, Castresana subrayó que todo el proceso se ha telematizado y simplificado, reduciéndose a tres pasos: presentación de la solicitud del ERTE (incorporación de datos al sistema), acreditación de los criterios exigidos (caída drástica de la actividad, falta de suministros que impida seguir produciendo...) y resolución del ERTE, a la que los trabajadores no tendrán que esperar para reclamar la prestación por desempleo: «Podrán hacerlo una vez que sus empresas comuniquen al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el número de ERTE». Otra cosa es cuándo empezarán a cobrar, dado que el día de pago es el 10 y este año cae en Viernes Santo. En este sentido, la Delegación del Gobierno en La Rioja reconoció ayer a este diario que «unos pocos lo harán en abril y la mayor parte en mayo», aunque «se trabaja para acelerar todo el proceso» y «se va a contratar a seis personas para agilizar la tramitación».

Además de los expedientes, que liberan a las empresas de abonar las cuotas sociales de sus plantillas, Castresana recordó las medidas habilitadas por el Gobierno regional para «preservar su capacidad productiva»: unos cheques de acción rápida para consultoría externa (2,1 millones) y un servicio de apoyo integral a través de la ADER. A ello se suma el fondo de liquidez nacional, del que La Rioja aspira a lograr unos 700 millones.