El Constitucional estudiará si Raquel Romero fue ilegalmente expulsada del Grupo Mixto

La parlamentaria y consejera de Igualdad ha esgrimido que se «vulnera su derecho fundamental a la participación política en calidad de representante pública» y el Constitucional va a estudiarlo ahora.

Según la nota del Gobierno de La Rioja, «los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces que participaron en la decisión tienen ahora la posibilidad de comparecer ante el Tribunal, el cual considera que la decisión de restringir los derechos a la diputada merece especial transcendencia constitucional por afectar a sus derechos fundamentales y porque el asunto suscitado podría llegar a tener unas consecuencias políticas generales».

El Ejecutivo recuerda el calendario de todo el culebrón político que todavía está mostrando sus consecuencias en asuntos tan importantes para el día a día de la Caámara riojana como haber dejado en minoría a PSOE con sus aliados (y entre ellos enemigos) en la Mesa del Parlamento. Así, «el 11 de mayo la Mesa del Parlamento riojano, a propuesta de la diputada de Izquierda Unida Henar Moreno, acordó expulsar a Romero de su Grupo Parlamentario. El 17 de junio se le comunicó a la diputada su nuevo régimen de derechos. Romero interpuso entonces un recurso de amparo frente a ambos acuerdos ante el Tribunal Constitucional».

Uno de los aspectos que más ha destacado el Gobierno de La Rioja, del que Romero forma parte, es que resulta «poco frecuente la aceptación a trámite de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional». «Según la última memoria anual del propio organismo -cifra-, en el año 2021 fueron admitidos a trámite solo 182 asuntos frente a los 6.621 inadmitidos. Es decir, en ese año, solo fueron admitidos el 2,74% de los recursos e inadmitidos el 97,25% de los asuntos».

Y lanzan un mensaje esperanzador para Romero, poco habitual cuando se trata de decisiones judiciales, y que, entre otras cosas, cambiaría el devenir diario en el Convento de la Merced: «Teniendo en cuenta que 9 de cada 10 asuntos aceptados a trámite obtienen una sentencia favorable, hace probable que el alto tribunal resuelva que se han vulnerado los derechos políticos fundamentales de la consejera Romero en su condición de diputada. Así, esta admisión a trámite del recurso supone, de facto, un profundo cuestionamiento del acuerdo de la Mesa».