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La experiencia demuestra que nadie –o casi nadie– elige dejar atrás las cuatro paredes que custodian sus recuerdos y sus vivencias para marchar a una residencia de mayores. Sea grande o pequeño, lujoso o modesto, en su hogar laten una historia y una vida únicas. ... Pero llega un momento en el que uno decide dar el paso para no representar una carga familiar o se ve abocado a ello ante la conciencia de sus progresivas e inevitables limitaciones o, incluso, ni siquiera puede decidirlo por su palpable deterioro y lo hacen por él.
Casi 3.000 riojanos viven en alguna de las residencias de ancianos de la comunidad y la cifra promete ir en aumento.El galopante envejecimiento de la población riojana unido a su longevidad (83,9 años es la esperanza de vida) obligan a la administración a abordar un reto asistencial de primer orden, en el que las residencias constituyen una herramienta clave –no la única– que, a su vez, han alumbrado un formidable negocio a su alrededor de la mano de la iniciativa privada.
La Rioja ofrece 3.210 plazas (1.573 públicas y 1.637 privadas) en una treintena de centros.De ellas, 2.959 están ocupadas y, aunque en principio, podría parecer que 'sobran' plazas, la realidad no es tal.Los usuarios suelen mostrar interés por un determinado alojamiento, tipo de plaza (sobre todo de la red pública) o destino (Logroño y su entorno copan la demanda) lo que genera listas de espera en algunos lugares o bien amplios huecos en otros.
Hecha la salvedad, lo cierto es que hay 860 riojanos que han solicitado una plaza pública y no la tienen. De ellos, el 14% –o lo que es lo mismo 121 personas– ha cursado su petición en el último año; es un alza que supera sobremanera los números manejados en los últimos tiempos y que Servicios Sociales atribuye al envejecimiento regional.
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La directora general de Servicios Sociales, Celia Sanz, aclara que su departamento no maneja el concepto de lista de espera como tal. ¿La razón? Todo el que precisa de una atención, la tiene y si no puede ser en el ámbito público, cuenta con una prestación vinculada para pagar su estancia en un centro privado (709 personas reciben una ayuda económica y, aunque no todas, una buena parte de ellas la dirigen a costear su alojamiento). La responsable matiza que ante una situación de urgencia social el acceso a una plaza pública es inmediato.
Ese alojamiento, la manutención, las actividades, terapias y demás cuidados que requiere el residente (cada día más y aún más específicos) suponen un gasto considerable.Una plaza pública está valorada en 2.000 euros al mes y el usuario abona entre 811 y 1.090 euros. Sanz explica que quien no puede financiar su estancia, abona el 75% de su pensión y el resto lo asume la Administración. Ahora bien, el residente genera una deuda que no olvida la administración, así que cuando se produce su fallecimiento y antes de que se consuma el reparto de la herencia –en caso de que exista– ella es la primera de la lista para cobrar.
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¿Y qué precios tienen las residencias? El abanico es amplio pero sirvan como ejemplo Santa Justa (gestionada por una fundación) que se mueve entre los 1.650 y 1.875 euros –aunque como indica su directora Sara Alba, «en esta 'casa' jamás se queda alguien fuera porque no pueda pagar»–; la Santa Cruz (también sin ánimo de lucro), 2.100 euros; y Orpea (privada), donde el recibo oscila entre los 1.835 y 2.235 euros.
Cada una de ellas tiene su propia filosofía y organización pero todas coinciden en un par de puntos muy descriptivos de esta realidad: Uno, las residencias están a tope (Santa Justa tiene 60 personas en espera y la Santa Cruz, 20 en grandes dependientes) y, dos, el cambio en el perfil del usuario.
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Sobre este último aspecto, conviene detenerse. Sara Alba (Santa Justa) asegura que quien hoy llega a una residencia es alguien bien distinto al de hace un puñado de años. «Antes, más de la mitad de los residentes tenía un buen nivel de autonomía. Ahora, el 80% de los ingresos se produce con un deterioro severo.Cada vez hay más grandes dependientes y eso requiere un esfuerzo muy importante de aplicación terapéutica y de atención», comenta. La incorporación a un centro se produce bien pasados los 80 años y, lo habitual, es que en él acaben sus días (la estancia media ronda los 4/5 años).
Pilar San Vicente, de la residencia Santa Cruz, comparte punto de vista con Óscar Layana, de Orpea, en el sentido de que los mayores apuran el tiempo en sus domicilios porque el sistema ofrece recursos que antes ni se llegaban a imaginar: centros de día, teleasistencia, ayuda a domicilio... un conjunto de posibilidades enfocadas al envejecimiento saludable en el propio entorno. «Eso es lo ideal.Pensemos cada uno de nosotros dónde querríamos envejecer», lanza San Vicente. «Sólo cuando la situación se vuelve insostenible se empieza a buscar una residencia.Para entonces, la persona es bastante mayor y dependiente», apostilla Layana.
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La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) aporta su experiencia a través de su coordinador del Grupo de Residencias, Juan Miguel Cabello: «El progresivo incremento de los recursos intermedios ha determinado que el perfil de la persona que llega a la residencia tenga más años y su dependencia pueda ser mucho mayor. A más años más probabilidad de que aparezcan más procesos o enfermedades que favorezcan la dependencia y compliquen la atención a la persona». «El anciano que ingresa hoy tiene más edad y más patología que hace 20 años», apostilla.
El experto deja otra reflexión:«El modelo no está diseñado ni dimensionado para ello y necesita una reforma que garantice la atención necesaria según este perfil, con más necesidades sanitarias además de las propias del envejecimiento».
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En cualquier caso, mudarse a una residencia especializada no es decisión fácil y prueba de ello es que el 95% de los ancianos se resiste a abandonar su hogar, aunque –como recoge el Observatorio Social de La Caixa– el 20,1% de los mayores de 65 años habite en viviendas vulnerables (problemas de accesibilidad, ausencia de ascensor, falta de calefacción...)
El deseo de permanencia en el entorno es comprensible y los gobiernos, conscientes de ello, tratan de implementar recursos: «Nosotros apostamos por retrasar lo máximo posible la entrada en una residencia. A lo largo de la legislatura estamos trabajando para que la persona pueda elegir libremente dónde quiere envejecer dignamente. Y eso se hace potenciando recursos eficaces.
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Si uno quiere quedarse en su entorno que pueda hacerlo con programas de autonomía de la dependencia, figuras como asistente personal, centro de día, teleasiastencia avanzada...», resume Celia Sanz.
El reto está servido para toda la sociedad. Año tras año el grupo de población que cumple los 65 años crece como la espuma y, especialmente, el de aquellos que superan los 80. La Rioja es territorio de viejos. Hoy, 65.357 riojanos tienen más de 65 años (el 20,7% del total) y, de ellos, 12.449, soplan más de 80 velas (centenarios son 104).
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Las proyecciones demográficas que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística) le añaden aún más canas al futuro: en el 2025, uno de cada cuatro riojanos tendrá más de 65 años y el 7,7% será al menos octogenario. Un lustro despúes, el grupo jubilado representará el 27,3% del total y el 8,8% superará la barrera de los 80 años.
«No sabemos quiénes somos si ignoramos lo que seremos: reconozcámonos en ese viejo, en esa vieja». Simone de Beauvoir (La Vejez).
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