Cada 5 años se pierde en fugas agua como para llenar Pajares

O más que al suelo, al subsuelo. A ese terreno por donde discurren los cientos de kilométricos de tuberías a través de las que se atienden las necesidades hídricas de los diferentes municipios de la comunidad autónoma. El estado de esas canalizaciones es vital porque toda rotura, cualquier conexión más ajustada, genera unas fugas por las que se desprecia esa misma agua que por la que ahora todos claman. Pérdidas además que, acumuladas en el tiempo, alcanzan un volumen especialmente preocupante en una coyuntura como la actual.

La estadística confirma que no se trata de una cuestión menor. De acuerdo con la información aglutinada por la Dirección General de Calidad y Agua del Gobierno de La Rioja, de los 27,4 hectómetros cúbicos que se suministran al año a la red de abastecimiento público, 7 se 'pierden' por el camino. Si la frialdad de los números no permite visualizar la dimensión del problema, una simple imagen es capaz de hacerlo: sólo con el agua malgastada a lo largo de cinco años por razón de estas deficiencias podría llenarse la presa de Pajares, cuya capacidad es de 35 hectómetros cúbicos.

El INE, que recuenta además el volumen gestionado por Logroño y discierne entre pérdidas reales (fugas) y aparentes (principalmente acometidas ilegales), elevaba la cantidad del agua suministrada a la red de abastecimiento público al entorno de los 34,2 hectómetro cúbicos en el 2014 -último dato disponible-, de los cuales prácticamente un tercio no llegaron a su destino por el mal estado de las canalizaciones o de los depósitos de referencia.

El mapa de las disfunciones en el estado de los sistemas de conducción no es homogéneo en todo el territorio. Para conocer el estado de situación, la Dirección General parte de un parámetro como es el valor medio de referencia que marca el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, fijado en 340 litros por habitante y día. De ellos, una parte (106) se focaliza en el consumo de los hogares y el resto se reparte entre sectores económicos e intervenciones de carácter municipal en forma de vadeos, riego de zonas comunes, instalaciones deportivas, etcétera.

Las alteraciones sobre ese baremos tienen en cuenta el número de habitantes y otras singularidades, pero aún así se contabilizan magnitudes que dan la pista sobre virtuales anomalías. El sistema de detección es simple. El primer paso consiste en colocar un caudalímetro que contabiliza el consumo instantáneo de litros por segundo durante 24 horas a la salida del depósito municipal. Si por la noche, cuando el nivel debería ser residual, la curva no se acerca al límite, se activan las alertas y se acometen los trabajos para la localización de las fugas señalando con una marca dónde está la avería. Las inspecciones de la Consejería arrojan casos elocuentes como el de una localidad que ha llegado a superar los 1.000 litros por habitante y día, una cantidad que multiplicaba por diez la media y vaciaba el depósito a mayor velocidad incluso que le llegaba de la captación.

La radiografía de Medio Ambiente al respecto dibuja un escenario aparentemente paradójico: las mayores pérdidas se concentran en La Rioja Alta y la sierra, mientras que en La Rioja Baja el porcentaje se reduce notablemente. ¿La razón? «Allí donde ha habido históricamente más problemas de escasez de agua o resulta más cara adquirirla porque requiere ser tratada para eliminar sulfatos o nitratos o debe ser bombeada, se ha reinvertido en mejoras y los niveles de eficiencia son superiores; en las zonas más húmedas, sin embargo, el problema se ha ido solventando puntualmente introduciendo más agua en la red ya que la disponibilidad era mayor», explica el director general de Calidad Ambiental, José María Infante.

Con esas claves, es en época de estiaje y sequía pertinaz como la actual cuando las fugas de agua por el mal estado de la red pasan de lo anecdótico a lo inquietante. Poner coto a todo ello implica afrontar también el modelo de abastecimiento que en La Rioja se divide en dos fórmulas: por un lado, núcleos urbanos autónomos y por otro, el grueso de los municipios conectados a los diferentes sistemas mancomunados gestionados por el Consorcio de Aguas. Los pueblos agrupados aquí (en torno a 60) comparten captación y una potabilización común para cada sistema supramunicipal de agua que luego se les suministra a su depósito a un determinado coste unitario (0,185 euros metro cúbico), siendo a partir de ahí responsabilidad de cada ayuntamiento hacerlo llegar a cada vecino por la red de tuberías que surcan las calles.

El municipio es, por lo tanto, el encargado de subsanar por sus propios medios o subcontratándolo las virtuales deficiencias en sus infraestructuras. Sin embargo, no siempre se actúa con la diligencia deseable. «Todo depende de las prioridades que se fija cada consistorio», resume Infante. «Aunque son conscientes de que existe una pérdida de agua y dinero, suelen demorarse porque el presupuesto disponible en ese momento va a otros fines, la obra exige levantar una plaza que ha sido remozada hace poco o, simplemente, los recursos se destinan a otras actuaciones más vistosas».

Para allanar el camino y facilitar la ejecución final, la Consejería ha implementado una campaña de localización de escapes iniciada allí donde la situación es más perentoria. La primera fase de detección se centra en 20 localidades del área del Oja-Tirón en las cuales los consumos actuales en alta (desde que el agua entra a los depósitos) rondan una media de 715 litros por habitante y exceden de largo las demandas de uso doméstico, industrial y municipal. Una labor que se suma a los trabajos ya completados en Cihuri, Leiva y San Vicente el pasado verano por razones de urgencia que logró ya reducciones superiores al 50%.