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Joana Serra
Berlín
Lunes, 26 de agosto 2024, 17:54
La evidencia de que la matanza de Stolingen reivindicada por Estado Islámico (EI) se habría evitado si se hubiera expulsado al autor confeso a Bulgaria, como se ordenó en su momento, ha reabierto el debate sobre las deportaciones en Alemania. «Siento ira, rabia… Esto es ... terrorismo», acertó a decir el canciller Olaf Scholz, sin perder su habitual sangre fría, desde el lugar donde el viernes un sirio de 26 años se lanzó con un cuchillo sobre la multitud concentrada en una fiesta popular. El balance de su ataque: tres muertos y varios heridos. Issa al-H había tomado el arma del centro de refugiados donde residía, a unos 200 metros del lugar del crimen, y salió a cumplir con su cometido como «soldado» de EI: matar a cuanta gente le fuera posible.
Scholz acudió este lunes a Solingen no solo a expresar su rabia, sino también para comprometerse a agilizar el plan de expulsiones que anunció meses atrás. Acelerará asimismo la prohibición de las armas blancas en la vía pública, adelantada por su ministra del Interior, Nancy Faeser, hace unas pocas semanas y ante el aumento de ataques de todo tipo con cuchillos o navajas.
Issa al-H debería haber abandonado Alemania en junio de 2023. Llevaba entonces un año en el país, donde entró procedente de Bulgaria, al que por tanto le correspondía hacerse cargo de su acogida. Esquivó la expulsión al no estar en su centro en la fecha marcada. Nadie más llamó a su puerta ni hubo una segunda cita. No se le reconocía un radicalismo ni había incurrido en delitos. Expiró así el plazo para su entrega y se le concedió protección subsidiaria. Si todo fue producto de una estrategia estudiada o simplemente ocurrió es algo que deberá aclarar la investigación de la Fiscalía General. Lo mismo ocurre con la veracidad de la reivindicación de Estado Islámico o el grado de vinculación a esa red.
Por lo pronto, el Ejecutivo tiene ante sí la papeleta de agilizar unas expulsiones que a menudo fracasan por la marea burocrática en que quedan sumergidas y los preceptos jurídicos, razones humanitarias o falta de acuerdo con terceros países donde deportarles. A finales de 2023 había unas 230.000 personas con orden de abandonar Alemania, pero se sabía que a unas 195.000 no se les podía expulsar por distintas razones. En el primer trimestre de 2024 se ejecutaron 6.300 deportaciones. Scholz y las autoridades de Renania del Norte-Westfalia, el land donde está Solingen, han optado por mostrar cohesión, pese las diferencias entre el canciller socialdemócrata y el primer ministro regional, Hendrik Würz, de la conservadora CDU.
La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se frota las manos ante los efectos del crimen en las elecciones regionales del próximo domingo en Turingia y Sajonia y del día 22 en Brandeburgo. Una semana después (29) se celebrarán comicios presidenciales en Austria. La posible victoria en todas estas citas es un objetivo al alcance de la mano de una extrema derecha centroeuropea, ansiosa de nuevos hitos. De hecho, los sondeos para los tres Estados favorecian ya antes de la matanza de Solingen a la AfD -un partido no adscrito a las grandes familias europeas del populismo derechista por su radicalismo- y también al ultra austriaco Partido de la Libertad (FPÖ).
En el caso germano se da la circunstancia de que las mejores opciones para alcanzar la victoria las tiene el líder del 'Land' de Turingia, Björn Höcke, cabecilla del ala más radical de AfD, al que recientemente se juzgó y declaró culpable por el uso de consignas nazis en un acto público. En Austria, aspira al puesto de canciller el líder del FPÖ, Herbert Kickl, superviviente político de la última coalición de gobierno que lideró el conservador Sebastian Kurz y que se hundió en 2019 entre una acumulación de escándalos por corrupción.
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Los sondeos de la televisión pública alemana ZDF sitúan a la AfD en primera posición en Turingia, con un 30% de los votos, siete más que los que se pronostican a los conservadores moderados de la CDU. A los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz se les vaticina un nuevo mínimo histórico, con un 6%, mientras que el actual jefe del gobierno regional, el izquierdista Bodo Ramelow, quedaría en un 14%, por debajo de la BSW, una escisión de la izquierda populista que capitanea Sahra Wagencknecht.
En Sajonia, el primer puesto está en disputa entre la AfD y la CDU. También ahí se contempla un duro revés tanto para los socialdemócratas como para los socios del gabinete de Scholz, verdes y liberales. Se perfila asimismo un fuerte ascenso del populismo izquierdista del BSW, una formación que, pese a los abismos ideológicos frente a la ultraderecha, comparte con ésta el discurso antimigratorio y el perfil de partido prorruso. En Brandeburgo, finalmente, también la AfD lidera la intención de voto, muy por delante del resto de las fuerzas políticas.
Las regionales del este alemán tienen peso demográfico en el conjunto de Alemania. Entre los tres estados federados suman algo más de 7,1 millones de electores, en un país con 60 millones de ciudadanos con derecho a voto. Además, un ascenso de la AfD a la categoría de primera fuerza, sumado a la irrupción de un nuevo partido populista con el potencial de la BSW, sacudiría el tablero político tradicional alemán.
En Alemania se cruzan los comentarios, inclusive en la radiotelevisión pública, acerca de un posible fin prematuro de la coalición de Schloz, inmersa en un sinfín de disensos presupuestarios y enemistades personales públicas. La convocatoria de las próximas elecciones generales quedó fijada el pasado viernes, al refrendar el presidente del país, Frank Walter Steinmeier, la propuesta del Gobierno para celebrarlas el 28 de septiembre de 2025.
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Mientras que en Alemania se considera que el este podría darle la estocada final a la alianza de Scholz, en Austria se perfila asimismo el adiós a la coalición actual liderada por el conservador Karl Nehammer y con los verdes como aliados.
Al FPÖ de Kickl se le sitúa sobre el 29 o 30% de los votos, hasta cinco puntos por delante tanto de conservadores como de socialdemócratas. A diferencia de la AfD alemana, sometida hasta ahora a un estricto cordón sanitario por el resto de los partidos parlamentarios, la derecha radical austríaca ha formado parte de sucesivas alianzas a escala nacional. Tiene además una posición de fuerza en la Eurocámara, tras formar junto con el húngaro Víktor Orbán y la francesa Marine Le Pen, entre otros, el nuevo grupo parlamentario de los llamados Patriotas para Europa.
Kickl, quien fue ministro del Interior bajo el canciller Kurz, representa la revitalización del FPÖ, uno de los partidos más antiguos y consolidados entre las formaciones de ese espectro a escala europea, pero que parecía hundido tras la ruptura de coalición de 2019. El detonante fue el llamado 'caso Ibiza', cuando apareció un comprometedor vídeo mostrando a su líder de entonces, Hans Christian Strache, trapicheando apoyos a su campaña con una mujer que se hacía pasar por la sobrina de un oligarca ruso. Las investigaciones sobre este caso sacaron a relucir otros asuntos comprometedores, hasta manchar definitivamente a Kurz, que acabó procesado por encubrimiento y testimonio en falso.
Kickl se presenta ahora como el regenerador del partido, con un programa electoral de línea dura, que promulga la «remigración» de ciudadanos extranjeros, el bloqueo a la reubicación de migrantes irregulares en su territorio y el cerrojo a nuevos solicitantes de asilo. Propugna el retorno de Austria a la neutralidad política, se opone a su pertenencia a la UE y también a las entregas de armas y ayuda financiera a Ucrania.
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