La Unión Europea cierra un acuerdo político para desbloquear el pacto migratorio

El pacto llega en la víspera de la cumbre informal de líderes en Granada y tan sólo un día después de que Austria, República Checa y Polonia anunciaran un cerrojazo en sus fronteras con Eslovaquia por el aumento de llegadas irregulares desde este país. Tras meses de trabajo, la Presidencia española del Consejo Europeo consiguió una «voluntad política firme» de los Estados miembros para alcanzar un acuerdo de facto. Y esas palabras son ya hechos, una vez se resolvieron las peticiones de Alemania en materia de protección para las familias y las exigencias de Italia, que pedía medidas más firmes y mayor claridad sobre la actividad de las ONG en el Mediterráneo.

El acuerdo cerrado este miércoles afecta, más concretamente, al mecanismo de gestión de crisis. Esta herramienta se activaría en caso de llegadas masivas al bloque y establece medidas de solidaridad como compensaciones económicas y la reubicación de los solicitantes de asilo. Esta postura de los Veintisiete permite desbloquear la negociación con el Parlamento Europeo en torno al pacto migratorio, que permanecía suspendido desde el pasado mes de septiembre.

«Hemos logrado dar un gran paso adelante en una cuestión crítica para el futuro de la UE. Con este acuerdo estamos en una mejor posición para llegar a un pacto en torno a este reglamento con el Parlamento Europeo a finales de este semestre», destacó el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, que la semana pasada ya prometió que se alcanzaría el consenso «antes del encuentro de Granada».

El tiempo, finalmente, le ha dado la razón y, con este mecanismo, los Estados miembros podrán aplicar una normativa excepcional en cuestiones de acogida y retorno en caso de «fuerza mayor». El reglamento establece medidas y plazos concretos. En situación de crisis, por ejemplo, los registros de las peticiones de protección internacional se deberán completar en menos de cuatro semanas para aligerar la carga de las administraciones nacionales.

Los países que enfrenten una situación de crisis migratoria también podrán demandar contribuciones de solidaridad por parte de otros Estados miembros como la reubicación de solicitantes de asilo, la tramitación de las peticiones de protección y ayuda financiera. Todas estas medidas deberán ser autorizadas por el Consejo Europeo, en base a los principios de «necesidad y proporcionalidad» y respetando en todo momento los derechos de las personas migrantes.

A pesar del acuerdo, hay países europeos que rechazan este mecanismo. Polonia, Hungría y Eslovaquia votaron en contra del sistema que, según el Gobierno de Viktor Orban, «provocará un efecto llamada» y sólo «agudizará el problema de la migración». Alemania, muy crítica con este reglamento, aludió en cambio a la responsabilidad colectiva para responder a la actual presión migratoria. Incluso el Ejecutivo eslovaco se refirió a la necesidad de «una respuesta europea», después de que Austria, República Checa y Polonia blindaran sus fronteras.