El tribunal que persigue a Netanyahu

La semana pasada Netanyahu aseguró en la red social X (anteriormente Twitter) que Israel «nunca aceptará ningún intento de La Haya por socavar su derecho inherente a la defensa propia» y avisó que la intención de emitir una orden de arresto contra él «crearía un peligroso precedente». El dirigente también subrayó que el país seguirá librando hasta la victoria su «guerra justa contra los terroristas genocidas».

La CPI ya abrió en 2014 una investigación por posibles crímenes de guerra en Gaza y los territorios ocupados. Tras los ataques del grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre, el fiscal jefe del tribunal viajó a Israel, donde llamó a la liberación inmediata de los rehenes. También afirmó que «la ley humanitaria internacional debe aplicarse» en la contienda entre Israel y Hamás; y destacó que las indagaciones en torno al conflicto «son una prioridad» para la Corte de La Haya. Todo ello en un contexto en que las protestas propalestinas se suceden en Estados Unidos y mientras aumenta la presión de los países árabes para responsabilizar a Israel de cometer crímenes de guerra en la Franja.

Pero, ¿tiene el tribunal de La Haya la capacidad de juzgar a Netanyahu? La alta corte, independiente de cualquier Estado, se estableció tras los genocidios de Yugoslavia y Ruanda. Su creación se incluyó en el Tratado de Roma (1998) con la intención de que «los graves crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad» no queden sin castigo y «asegurar que sean sometidos a la acción de la Justicia», según se recoge en dicho documento.

El tribunal, sin embargo, no puede ejecutar detenciones y confía en que sean los Estados firmantes los que arresten a las personas con la orden correspondiente, lo que en la práctica supone un obstáculo para sentar a los acusados en el banquillo. Más cuando países como Israel, China, Rusia y EE UU no reconocen a la CPI. Así las cosas, en sus veinticinco años de historia la corte con sede en La Haya sólo ha llegado a condenar a diez personas, la primera de ellas el expresidente de la República del Congo, Thomas Lubanga Dylio, declarado culpable de crímenes de guerra.

Actualmente la CPI tiene diecisiete investigaciones abiertas en Asia, Europa, Oriente Medio y Latinoamérica; y ha emitido órdenes de detención contra Vladímir Putin, por su responsabilidad en el secuestro de niños ucranianos y su envío a Rusia; y contra el exdictador libanés Muamar Gadafi, por la represión de las manifestaciones contra su Gobierno en 2011. Su relación con EE UU es delicada, más después de que en 2017 el organismo estudiara investigar al país por la sospecha de que había cometido crímenes de guerra en Afganistán. La Administración de Donald Trump impuso entonces restricciones a los visados de los miembros del tribunal, que acabó cerrando su investigación poco después.

En el caso de Netanyahu, una posible orden de arresto podría limitar su agenda en el extranjero, ya que los 123 países que sí reconocen al tribunal de La Haya tendrían la obligación de detenerlo si entrara en su territorio. En Jerusalén preocupa, igualmente, cómo afectaría a la imagen de Israel dentro de la comunidad internacional, después de casi siete meses de ofensiva israelí y con más de 34.600 fallecidos en la Franja, según el balance más reciente del Ministerio de Sanidad gazatí.