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El Gobierno de Rishi Sunak ha remitido a los tribunales una petición para que se juzgue si la investigación pública sobre la covid tiene derecho a solicitar que se le entreguen todos los mensajes en WhatsApp de los gobernantes. La revisión judicial puede afectar a ... las reglas que deben seguir ministros, asesores y funcionarios cuando se comunican por medios informales.
El Ministerio del Gabinete, que tiene entre sus funciones la de asistir al primer ministro y al Ejecutivo, y también coordina la gestión del funcionariado, negó a la presidenta de la investigación, la juez retirada Heather Hallett, la entrega de mensajes «claramente irrelevantes» para su tarea. La baronesa considera que es ella quien tiene que decidir qué mensajes pueden descartarse.
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La investigación pública es un instrumento habitual para el esclarecimiento de hechos graves. No persigue posibles delitos sino ofrecer una narración detallada de lo ocurrido e identificar defectos o errores. Hallett tiene experiencia en este tipo de investigaciones. Ya presidió la que analizó los atentados del 7 de julio de 2005, en el transporte público de Londres, que se cobraron la vida de 52 víctimas.
Boris Johnson anunció su nombramiento en febrero de 2022. En este momento ha iniciado su pesquisa en tres áreas: la preparación y resiliencia del país, la toma de decisiones esenciales y la gobernación política, y el impacto de la pandemia en los sistemas sanitarios de las cuatro naciones británicas. Hallett ha añadido otros ocho módulos a su investigación, cuya duración es impredecible.
El Reino Unido contabiliza 225.852 muertes relacionadas con la covid. Hay grupos de familiares de víctimas y de críticos de la política del Gobierno. El principal asesor de Johnson en el inicio de la epidemia, Dominic Cummings ya publicó mensajes de ese tiempo, y el entonces ministro de Sanidad, Matt Hancock, entregó los suyos a la autora de su biografía, que los vendió al 'Daily Telegraph'.
Johnson sufrió una infección grave del virus. Su trayectoria en la gestión de la epidemia es polémica en algunos aspectos -la idoneidad en sus decisiones sobre el tiempo de los confinamientos, o el rechazo de los mismos, son quizás los más relevantes- y tuvo el colofón del 'partygate', la revelación de fiestas ilegales en Downing Street. Su Gobierno respaldó la producción de la primera vacuna.
Tras el anuncio del Gobierno, el exprimer ministro afirmó que él entregará sus mensajes. En una carta a Hallet dice que entiende la decisión del Ejecutivo de Sunak, pero que no la comparte. Ya había anunciado que no tenía inconveniente en ponerlos a su disposición sin alteraciones. También promete entregar los de un teléfono que le retiraron los servicios de seguridad, aunque matiza que él no lo tiene.
El exprimer ministro ha cambiado de abogados. Se sintió traicionado por los que pagaba la Hacienda, cuando hace dos semanas se supo que habían entregado al Ministerio del Gabinete documentos de Johnson que evidencian la comisión de más delitos de incumplimiento de las normas. El Ministerio, dirigido por Oliver Dowden, uno de los artífices de su derrocamiento, los entregó a la Policía.
Novio de todas las bodas, el exlíder conservador acapara la atención, rasga la credibilidad de Sunak y quizás ha percibido la posibilidad de un enredo beneficioso. Pero los jueces no están para Johnson. Podrían decidir que la ley que avala la investigación de Hallett no le da poder para su petición. Fallen en favor de una u otra parte, tendrán que analizar el uso de medios informales de decisión en el Gobierno.
Un reciente informe del Instituto de la Gobernación recuerda que siempre hubo maneras de esquivar a los funcionarios que anotan minutas de las reuniones sobre asuntos gubernamentales. Antes de WhatsApp, Signal o Telegram, los ministros llegaban muy pronto a las reuniones del Gabinete, para convencer a sus colegas sobre asuntos del día sin que nadie anotase la charla.
La ley de Acceso a la Información de 2000 ya provocó la evasión de los registros escritos. El Ministerio del Gabinete coordina a los servicios de seguridad y es célebre por su secretismo. Reclama a los funcionarios que preserven sus mensajes para que puedan analizarse las responsabilidades, pero les da el poder de borrar los que no juzguen relevantes. Y eso es lo que quiere retener contra los deseos de Hallett.
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