La Policía investiga nuevas infracciones de Johnson durante el confinamiento

Los hechos investigados sucedieron entre junio de 2020 y mayo de 2021 en Chequers, la mansión rural del siglo XVI situada en el condado de Buckinghamshire -a poco más de una hora del centro de Londres- en la que los jefes de Gobierno reciben a dignatarios extranjeros y colegas de la política británica o disfrutan de sus días de descanso.

Los abogados que representan al expremier en las pesquisas públicas sobre la gestión de la covid durante su legislatura encontraron en el diario oficial del exgobernante anotaciones de reuniones en Chequers que contravendrían las reglas de aislamiento o distanciamiento físico. Johnson estaba obligado legalmente a revelar esos documentos.

Según la versión oficial, los funcionarios del Ministerio del Gabinete que recibieron las pruebas indiciarias de posibles delitos las entregaron a la Policía de la comarca en la que se habrían cometido, sin consultar con ningún miembro del actual Ejecutivo.

La investigación pública será presidida por la juez jubilada Heather Hallett. Se espera que las vistas comiencen en junio. Por esas fechas también se preveía que el comité de la Cámara de los Comunes que ha investigado si Johnson mintió al Parlamento sobre las fiestas organizadas en su residencia oficial de Downing Street haga públicas sus conclusiones, pero es probable que lo aplace para considerar asimismo los hechos ahora desvelados.

Boris Johnson fue primer ministro desde julio de 2019 hasta septiembre de 2022 y sus admiradores destacan entre sus logros la administración en el Reino Unido de la primera vacuna contra la covid, diseñada en la Universidad de Oxford. Uno de ellos, Jacob Rees-Mogg, achaca la nueva investigación a una conspiración de políticos y funcionarios encarnizados contra el líder del Brexit.

Portavoces de Johnson señalaron asimismo que «las afirmaciones del Ministerio del Gabinete son completamente equivocadas» y que los encuentros en Chequers se organizaron en el exterior de la mansión o estaban protegidos por alguna otra exención, como la de ser una reunión de trabajo. Describen lo ocurrido como un «engaño» dirigido a extender la investigación del comité parlamentario.

El proceso abierto por la Policía del Valle del Támesis desencadenaría como máximo castigo, en caso de comprobarse el delito, en una multa. Si la Cámara de los Comunes le sancionase con una expulsión de diez o más días, la ley electoral permite a vecinos de su circunscripción iniciar una demanda de nuevas elecciones para lo que necesitan la firma de un 10% de los votantes en el censo local.