El Constitucional avala la polémica reforma de Macron que retrasa la jubilación a los 64 años

«El Consejo Constitucional ha juzgado, tanto sobre el fondo como sobre el procedimiento, la reforma conforme a nuestra Constitución. El texto llega al fin de su proceso democrático», reaccionó la primera ministra, Élisabeth Borne, a través de Twitter. «Esta noche no hay ni vencedor ni vencido», aseguró. El Gobierno francés considera que con este proyecto, que podría entrar en vigor a finales de año, el sistema nacional de pensiones estará «en equilibrio en 2030» y mostró su voluntad de continuar el diálogo con los actores sociales.

La decisión del Constitucional, sin embargo, provocó que miles de personas protestaran en marchas espontáneas en toda Francia. En París, por ejemplo, los manifestantes más radicales quemaron papeleras y bicicletas y rompieron escaparates, y en Rennes incendiaron la puerta de una comisaría y de una iglesia. Era su respuesta al pronunciamiento de los 'sabios', con el ex primer ministro Laurent Fabius como presidente del órgano, que debían examinar si la ley era conforme o no a la Constitución gala. Tenían tres posibilidades: validar o censurar de forma íntegra o parcial el contenido de la reforma.

La oposición había recurrido el texto ante el Consejo Constitucional al considerar que había sido aprobado según un procedimiento contrario a la Carta Magna. El Gobierno utilizó un proyecto rectificativo de la Seguridad Social, en vez de una ley ordinaria clásica, y además, con el fin de acelerar el visto bueno, se sirvió de otros mecanismos legales -como el artículo 49.3 de la Constitución- que le permitieron acortar el tiempo de debate parlamentario y sortear el voto en la Asamblea Nacional.

Pero este órgano, que actúa desde 1958 como juez de la constitucionalidad de las leyes, descartó la supuesta irregularidad del procedimiento seguido. «El Consejo Constitucional señala que, al adoptar las disposiciones contestadas, el legislador ha querido asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones por repartición y, así, garantizar su perennidad. Ha tenido en cuenta, en especial, la prolongación de la esperanza de vida», argumentan los 'sabios'.

Los sindicatos franceses, sin embargo, no se rinden. La intersindical instó a los empleados a manifestarse el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, contra «la reforma de las pensiones y por la justicia social». Las centrales rechazaron la invitación del presidente Macron a ir el martes al Palacio del Elíseo y no se reunirán con el Ejecutivo antes de esa fecha. «La decisión del Consejo Constitucional mostró que está más atento a las necesidades de la monarquía presidencial que a la del pueblo soberano. La lucha continúa», advirtió el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon.

El secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, instó a Macron a retirar «una ley mala, injusta e ilegítima», aunque haya sido validada por este órgano. «Es una decepción, no una rendición», añadió. En cambio, el conservador Éric Ciotti, líder de Los Republicanos, consideró que las fuerzas políticas deben «aceptar» la decisión y la ley ser «aplicada».

El Consejo Constitucional rechazó la primera petición de la Nupes, la alianza de los partidos de izquierda, para impulsar un referéndum de iniciativa compartida (RIP, por sus siglas en francés) que obligaría al Gobierno a realizar una consulta popular sobre la reforma de las pensiones. El jueves presentó una segunda solicitud con el mismo objetivo -el veredicto llegará el 3 de mayo- pues temía que la anterior iba a ser denegada, como ocurrió.

La convocatoria de una consulta popular es, sin embargo, un proceso engorroso y largo. Los detractores de la reforma deberían recoger 4,8 millones de firmas en un periodo de nueve meses. Pero no serían suficientes para que se celebrara ya que las dos cámaras tendrían después medio año para examinar la proposición de ley, y si no lo hacen el presidente promovería un referéndum.

El debate sobre la reforma de las pensiones ha provocado una enorme crisis política y social en Francia. Los sindicatos han convocado en tres meses doce manifestaciones masivas para protestar contra el proyecto, que consideran injusto. Siete de cada diez galos se oponen al plan, según los sondeos.