Johnson desacredita aún más a la Cámara de los Lores

El primer ministro, Rishi Sunak, no habría intervenido en la aprobación de la lista, según sus portavoces, aunque hay nombramientos no consumados porque el ente parlamentario que los regula ha exigido que los que reciban asiento en la Cámara alta dimitan antes de la asamblea de los Comunes. Para Sunak, la convocatoria de elecciones en sus circunscripciones provocaría turbulencias políticas.

Los primeros ministros, y los líderes de partidos de la oposición, dan títulos aristocráticos o de diferentes órdenes de caballería a colaboradores en diferentes momentos del año y en el de su dimisión. Premian a asesores, a multimillonarios donantes a sus partidos, a políticos que se jubilan de la Cámara de los Comunes. Johnson, haciendo de Johnson, nombró lord a su hermano Jo, en 2020.

Los que son honrados con títulos de lord o de baronesa tienen derecho a sentarse en la Cámara de los Lores. Su poder real se limita a la posibilidad de entorpecer el calendario legislativo del Gobierno. Con esa amenaza de retrasar los trámites parlamentarios lograron los lores hereditarios de familias aristocráticas salvar para ellos 92 escaños, cuando el Ejecutivo de Tony Blair expulsó al resto. Ocupan también escaño 25 obispos anglicanos.

Los presidentes de los Lores, ahora el laborista John McFall y antes el conservador Norman Fowler, se han quejado del número de títulos entregados por los primeros ministros de la era moderna. Blair batió todos los récords, 374. David Cameron le sigue con 245. A Theresa May le bastaron 43. Johnson sumará los nueve de su renuncia a la cifra de 86 que ya había elevado a la Cámara alta.

Sumando a los que nombre Liz Truss, tendrá pronto más de ochocientos miembros. Es la cámara parlamentaria de mayor tamaño en el mundo tras el Congreso Nacional del Pueblo chino, que tiene cerca de 3.000 miembros y se reúne dos semanas al año para tomar decisiones sobre leyes importantes. La Cámara alta británica se reúne unos 150 días al año y es doce veces mayor que la de Alemania, que se arregla con 69 miembros en su Bundesrat federal.

Su dimensión limita la participación de sus miembros. No hay asientos suficientes en debates de gran interés, ni es posible dar el turno de palabra a tanta gente. Se ha limitado de cuatro a tres años la pertenencia a comités, para mover el banquillo. No está claro que el procedimiento híbrido -unos pocos miembros en Westminster y conexiones telemáticas del resto- resuelva el problema.

En el programa electoral de 2019, Johnson prometió crear en el primer año de su mandato una Comisión de Constitución, Democracia y Derechos. Dicho y hecho, tras la victoria incluyó el compromiso en el Discurso de la Reina, su plan legislativo. La comisión estudiaría la relación de Gobierno, Parlamento y Tribunales, el uso de la Prerrogativa Real y de la revisión judicial. Y añadía a las funciones de esa comisión la de analizar «el rol de los Lores».

Hubo maniobras, pero nunca batalló sobre ese popurrí de cuestiones. Las ambiciones reformistas fueron cambiadas por el nombramiento de familiares, periodistas afines, colaboradores íntimos de su tiempo de alcalde de Londres. El descrédito de una asamblea sin asientos suficientes, pero que paga dietas a los miembros que pasan su tarjeta por los controles de acceso, es notable.

En los tiempos de Johnson se aireó la posibilidad de enviar la Cámara a York, una bella ciudad arzobispal del norte, a dos horas y media del edificio parlamentario en combinación de metro y tren. Encajaba en dos proyectos: equilibrar los poderes del norte y del sur de Inglaterra, y facilitar una parte de las monumentales obras necesarias para reformar el Palacio de Westminster.

La entrega de honores a sospechosos donantes de fondos para las organizaciones benéficas del rey Carlos III, cuando era príncipe, o el título de lord entregado por Johnson a Evgeny Lebedev, hijo de un oficial del KGB, anfitrión de gloriosas fiestas para goce del alcalde y propietario del diario londinense 'Evening Standard', que le apoyó en sus elecciones, desacreditan una institución que sir Keir Starmer, el líder laborista, quiere disolver si gana las elecciones en 2024. Quieren reemplazarla por una Cámara elegida de representantes de naciones y regiones.