Que viene Trump; haz la maleta y corre

No es ningún bulo. «Estamos monitorizando quiénes serán los posibles miembros del gabinete de Trump mientras asesoramos a nuestra gente», ha declarado el abogado Mark Zaid a 'The Washington Post'. 'Su gente' son los clientes que llegan a su despacho con el miedo en los talones. El temor no obedece únicamente a las amenazas que el magnate ha vertido en los últimos meses sobre ellos, los «desleales» que denomina «el enemigo interior» y contra los que habría que enviar al ejército.

No.

El azoramiento ha crecido sustancialmente esta semana después de conocerse los nombramientos del nuevo presidente electo en los puestos clave de la Seguridad Nacional.

La elección de Matt Gaetz, un individuo de 42 años conocido agitador de la derecha, como fiscal general ha despertado las alarmas en los opositores. A diferencia de William P. Barr, quien ocupó ese cargo en la anterior presidencia de Trump, el nuevo no parece proclive a cuestionar las órdenes del inquilino de la Casa Blanca. Gaetz es conocido por un historial convulso. Ha arremetido contra el FBI, se le investigó por presunto tráfico sexual (el caso se cerró sin acusación en 2023) y el Comité de Ética del Congreso también le ha indagado por su conducta hasta este mismo miércoles, cuando el propio Gaetz dejó el escaño tras producirse su designación. No obstante, aún debe superar la aprobación del Senado y varios de sus miembros republicanos han dicho que votarán en contra al alimón con los demócratas.

El presidente electo ha nombrado además a Tulsi Gabbard al frente de todo el entramado de espionaje, inteligencia y contrainteligencia. Es decir, de toda esa infraestructura que, según la leyenda, puede rastrear, vigilar, seguir, escuchar y revisar emails y cuentas bancarias sin que nadie se percate.

Gabbard es una antigua congresista demócrata reconvertida tardiamente al trumpismo y veterana de la Guardia Nacional, con veinte años de servicio incluso en zonas de guerra, uno de los perfiles preferidos del magnate para su organigrama de seguridad y defensa. Ella asumirá el control de dieciocho agencias, entre ellas la CIA y la NSA, donde el presidente electo ha colocado a otros fieles halcones como Mike Waltz, Kristi Noem y John Ratcliffe.

El letrado Mark Zaid tiene mucho trabajo. Es un abogado especializado en la Ley de Seguridad Nacional y las infracciones contra la libertad de expresión. El miércoles participó en un debate digital para analizar qué puede esperarse de las «acciones de represalia prometidas» por el líder republicano «contra enemigos políticos y empleados federales considerados desleales». Tiene en cartera a clientes que se confiesan atemorizados y le han pedido consejo. «Afortunadamente disponemos de tiempo para tomar decisiones sobre qué hacer y adónde puede ir la gente», ha dicho a 'The Washington Post'.

El fiscal especial Jack Smith es la primera víctima declarada del cambio de Gobierno. El jurista que ha investigado a Trump por el asalto al Capitolio y los documentos secretos encontrados en su mansión de Mar-a-Lago ha anunciado que dimitirá junto con su equipo antes de que el magnate sea investido. Lo más seguro es que los dos casos terminen cancelados. Smith podría seguir con ellos bajo la cobertura que la ley otorga a su puesto, pero Trump ya ha adelantado que le despedirá «en dos segundos». Ahora tiene dos meses para escribir los informes de ambas investigaciones y enviárselos al todavía fiscal general Merrick Garland. Sin embargo, el volumen de las pesquisas apunta a que no será fácil terminarlos. Y que al final acabarán en manos de Matt Gaetz, el futuro jefe del Ministerio Público.

A excepción del fiscal Smith, la más notoria de las revanchas, hay otras situaciones extremadamente delicadas. Un oficial retirado del ejército, según el periódico capitalino, intentó conseguir la nacionalidad italiana justo antes de las elecciones del 5 de noviembre y ahora se dispone a salir del país tras hacer su «bolsa de viaje». El militar tuvo serios desencuentros con los altos cargos del primer gabinete de Trump entre 2016 y 2020 y el hecho de que un presentador de televisión ultraderechista amigo del magnate vaya a estar ahora al frente del Pentágono le ha terminado de convencer aparentemente de la necesidad de buscar otros aires. El mandatario republicano tiene cierta obsesión con los militares que le llevaron la contraria en aquella legislatura, así como con los generales y altos cargos que acataron la orden de Biden de abandonar Afganistán en agosto de 2021. A todos les ha indicado que sentirán la suela de su zapato.

En su mayoría, los detractores que planean dejar el país son oficiales del ejército y funcionarios del Gobierno que esperan una purga a partir del 20 de enero. Indicios, haylos. Un grupo conservador se ha pasado los últimos meses revisando mensajes en redes sociales u observando las actitudes de los empleados de Seguridad Nacional en busca de personal empático con los migrantes ilegales, de aquellos que hacen comentarios inclusivos, abiertamente homosexuales o utilizan expresiones alternativas de género. O que han sido declaradamente fieles a Joe Biden.

Su lista está encabezada por 51 funcionarios de nivel superior a los que identifica por sus nombres. Aunque en general parece que hay muchos más. El «grupo de control de burócratas», como se autodefinen sus miembros, pertenecientes al ala más radical del republicanismo, llegó a enviar al menos quinientos correos electrónicos a otros tantos empleados públicos de su confianza para que delatasen a compañeros. Entre los objetivos figurarían trabajadores que han aportado un puñado de dólares a la campaña demócrata. Es posible que equipos similares hayan podido actuar así con otros departamentos del Gobierno, como el de Sanidad o el de Educación, que Trump quiere desmantelar.

En total, la Administración federal tiene 2,2 millones de empleados. La mayoría trabajan fuera del espectro de confianza o de los rangos donde pudiera sentirse la ira del líder republicano. Pero en los sindicatos aún se recuerda el intento del magnate en las postrimerías de su anterior mandato de dejar expuestos a la intemperie a decenas de miles de funcionarios mediante un decreto que les reasignaba a otra categoria

El expresidente emitió un decreto que, según denunciaron los demócratas en 2020, buscaba diluir buena parte de la protección laboral y prohibir cualquier promoción interna a determinados empleados federales reclasificándolos bajo una nueva categoría denominada 'Schedule F'. Tenía miedo de la disidencia interna. El decreto estaba pensado para castigar a los funcionarios que él consideraba desleales, según sigue denunciando el Partido Demócrata, cuyos líderes sostienen que Trump volverá a aplicar esta clausula durante los próximos cuatro años. Entonces no funcionó porque ganó Joe Biden y la rechazó.

El ideólogo ultra que diseñó la 'Lista F' calculó que podría haberse usado sobre 50.000 funcionarios. Un debate en el círculo selecto de los gestores gubernamentales trumpistas concluyó que no resultaba necesario despedir a tantos, porque bastaría un número menor de ceses fulminantes para que el resto de críticos «cambiaran de comportamiento».

Trump tiene una especial obsesión con los servicios de Inteligencia de la Administración saliente, donde se espera asimismo una 'limpia' considerable. En versión del nuevo jefe de la Casa Blanca, ha habido un «Estado profundo» en su contra –posiblemente él lo quiera vincular a las investigaciones de sus cuatro casos penales– y aún quedan cargos en activo que le hicieron la vida imposible cuando gobernaba la Casa Blanca. Tampoco soporta a quienes han dado su apoyo a Kamala Harris. Sobre Liz Cheney, excongresista republicana que hizo campaña con los demócratas, dijo que habría que colocarla delante de un pelotón de fusilamiento.

Más que un presentimiento general, los clientes de Zaid y de otros abogados expertos en derechos constitucionales –que advierten de terribles batallas en los juzgados cuando el presidente electo lo sea ya 'de facto'– son personas que se sienten en el punto de mira. O lo que resulta peor, a las que el magnate y sus aliados, entre ellos el vicepresidente futuro, J.D. Vance, han citado con nombre y apellido durante su campaña electoral e incluso antes. La ansiedad crece entre estos aludidos, que en 2025 no descartan enfrentarse a fuertes presiones o una «atmósfera irrespirable».