El juez ratifica a Trump como el primer delincuente que preside Estados Unidos

«Para que no queden dudas, son las protecciones legales otorgadas a la Oficina del Presidente de EE UU las que son extraordinarias, no la persona que ocupa el cargo», matizó el juez Juan Merchan al explicar la sentencia que pone fin al único proceso judicial completado en contra de Trump desde que dejó la presidencia. «Está claro que, como ciudadano común, Donald Trump no gozaría de semejante protección», recalcó.

La apuesta del líder republicano por volver al poder como fórmula para librarse de la cárcel funcionó. «Fue la ciudadanía de esta nación la que decidió recientemente que usted debería recibir nuevamente los beneficios de esas protecciones», recordó el magistrado del tribunal del Bajo Manhattan de Nueva York.

Era la primera vez que el público escuchaba lo que ocurría dentro de esa sala del piso 15 en la calle Center, ya que el proceso anterior no fue televisado para evitar que se convirtiera en el circo que se desarrollaba en la puerta. Este viernes, el presidente electo tuvo la oportunidad de mascullar en voz alta que se le había tratado «muy injustamente». Recordó que había ganado contundentemente en «los siete Estados bisagra» que dirimieron las pasadas elecciones de noviembre y aseguró haber ganado el voto popular «por miles de millones de papeletas», exageró. «Más que ningún otro candidato del Partido Republicano en la historia», presumió.

Tachó una vez más el proceso judicial de persecución política y acusó al fiscal, Alvin Bragg, de ser un títere de su oponente, presumiblemente el presidente Joe Biden, ya que la vicepresidenta Kamala Harris no era candidata cuando el proceso judicial se inició en 2023. Se quejó de que se le hubiera impuesto una orden de silencio en aquellas jornadas, cuando empezó a atacar e intimidar públicamente a los testigos, especialmente a su exabogado Michael Cohen, «al que se le ha permitido hablar como si fuera George Washington, pero no lo es», bramó. «Ha sido una experiencia terrible, una vergüenza para el sistema legal de Nueva York», se quejó el magnate.

«Lo que denominan falsificación de archivos de negocios es por llamar en los libros un 'gasto legal' a lo que fue un gasto legal». El jurado estuvo de acuerdo con la Fiscalía en que el expresidente intentó ocultar el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una presunta relación extramarital, con el fin de no perjudicar sus posibilidades en las elecciones de noviembre de 2016, por lo que debería haber sido registrado como un gasto de campaña.

Trump, que filtra la vida a través de las pantallas de televisión, añadió que los analistas políticos que él ve en cadenas como CNN, «que no son precisamente amigos, por ponerlo suavemente», coinciden en que el caso no debería haber llegado a los tribunales.

Nadie tenía ninguna duda de que el acusado no presentaría ningún remordimiento ni, por tanto, propósito de enmienda. Por el contrario, «rezuma desprecio por las instituciones judiciales y la letra de la ley», observó el fiscal Joshua Steinglass, que le acusó de haber hecho un daño irreparable a la Justicia con sus dañinas declaraciones. Por eso era necesario dejar clara su culpabilidad con esta sentencia, aunque esté vacía de contenido punitivo.

Los abogados de Trump solicitaron de urgencia al Supremo que impidiera la sentencia, dado que el máximo tribunal se decantó a su favor en junio pasado, al decidir que lo que haga un presidente mientras está en el ejercicio de sus funciones no puede ser usado en su contra. Los delitos por los que se le ha condenado son anteriores a su elección, pero durante el proceso han declarado dos miembros de su gabinete, lo que pone en cuestión la validez del juicio. A nadie le sorprendería que finalmente se anule, una vez que agote el proceso de apelación.

Por eso, y porque medidas de supervisión, trabajos comunitarios u otros remedios comunes entorpecerían el ejercicio de la presidencia, la propia Fiscalía ha recomendado esa descarga «incondicional» que el juez ha adoptado. «Tenemos que respetar a la Oficina de la Presidencia y ser conscientes de que el defendido será investido presidente dentro de diez días», reflexionó Steinglass.

Según un análisis judicial de 'The New York Times', un tercio de los acusados sentenciados por delitos semejantes han recibido pena de cárcel de menos de un año. El resto se reparte entre más de un año, libertad condicional, servicios comunitarios o multas. Ninguno ha escapado completamente impune como él.