El juez del 'caso Stormy Daniels' desafía la inmunidad de Trump

En una resolución de 41 páginas, el juez Juan Merchán dictaminó este lunes que los actos «decisivamente personales» del magnate en la falsificación de los registros de contabilidad para ocultar los abonos no representan «ningún peligro de intrusión a la autoridad y función del poder ejecutivo». Con ello, ha rechazado el argumento presentado por los abogados para defender la inmunidad presidencial otorgada por la Corte Suprema un mes después del veredicto de culpabilidad, que cubre al republicano durante el ejercicio de sus funciones en el cargo. La sentencia del Alto Tribunal dejó a los tribunales menores la discrecionalidad para dirimir que actos potencialmente delictivos del presidente recaen en la esfera de lo personal.

Trump fue condenado en mayo por un jurado de Manhattan por 34 cargos de falsificación de registros de contabilidad en relación con el pago de 130.000 dólares a la actriz de películas porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una relación sexual y evitar así un efecto negativo en las inminentes elecciones de 2016. Este veredicto sin precedentes fue el primero contra un exmandatario estadounidense.

Tras su victoria en las elecciones del 5 de noviembre, los abogados de Trump -Todd Blanche y Emil Bove- presentaron el 2 de diciembre un recurso de nulidad del caso bajo el argumento de que el proceso obstaculizaría la capacidad del ahora presidente electo para gobernar cuando tome posesión el mes próximo.

El fallo del juez Merchán ha refutado también las afirmaciones del equipo de Trump de que algunas de las pruebas de los fiscales estaban relacionadas con actos oficiales, y, por tanto, bajo la protección de inmunidad. «Y en caso de que lo estuvieran», indica el dictamen de Merchán, no presentan «peligro de intrusión en el poder ejecutivo». Más aún, el magistrado establece que incluso en el caso de que la Fiscalía hubiera presentado erróneamente evidencia impugnable bajo una demanda de inmunidad, tal equivocación «sería inofensiva ante la abrumadora evidencia de culpabilidad».

La evidencia en cuestión se refiere a la declaración financiera presidencial de Trump, el testimonio de algunos asistentes de la Casa Blanca y las publicaciones en las redes sociales realizadas mientras estaba en el cargo, que los abogados de Trump consideran indebida por recaer en el ámbito del ejercicio del cargo de presidente.

El argumento, rechazado por la Fiscalía, ha sido considerado insuficiente para la invalidación del caso, dado que tal evidencia constituía solo «una pequeña parte» del proceso.

La decisión elimina una posible vía de escape del caso para Trump antes de su regreso al cargo el próximo 20 de enero.

El dictamen ha desatado la ira del presidente electo en una publicación en su red social Truth Social en la que arremetió contra el juez Merchán: «En una orden completamente ilegal y psicótica, el 'juez interino' profundamente conflictivo, corrupto, parcial e incompetente, ha faltado por completo el respeto a la Corte Suprema de Estados Unidos y a su histórica decisión sobre la inmunidad.» Trump tildó a Merchán de «partidista radical» en un caso «ilegítimo amañado», que emitió una opinión «deliberadamente ilegal», en contra de la Constitución que, de permitirse, «sería el fin de la presidencia tal como la conocemos».

El juez Merchán, que debía haber dictado una condena un mes después de la emisión del veredicto, otorgó, a petición del equipo legal de Trump, una extensión hasta después de las elecciones de noviembre para evitar interferir en el proceso de elección presidencial.

El caso, centrado en un encuentro sexual en 2006, una década antes de las elecciones de 2016, con el que la actriz porno intentó extorsionar al entonces candidato electoral Trump, ha demostrado ser el caso con más perdurabilidad de todos los retos legales del millonario convertido en político.

Aunque tener relaciones sexuales extramaritales no es ilegal, la ocultación de los pagos para silenciarlo si lo es, y en este caso viola la ley de financiación electoral del Estado de Nueva York en el que Trump era residente cuando se produjo la falsificación en los registros de contabilidad de su empresa.

Trump, que siempre ha negado el encuentro sexual, ha calificado el caso de persecución política en un intento del fiscal de distrito Alvin Bragg, que es demócrata, de perjudicar su campaña electoral de 2024.

La Fiscalía se ha mostrado favorable a encontrar un arreglo para acomodar la próxima presidencia de Trump, aunque insisten en que la condena debe mantenerse.

Tras su victoria electoral, Trump ha elevado a los abogados de su defensa del caso a puestos clave en su próxima administración.

En noviembre, nominó a Blanche como fiscal general adjunto, el segundo puesto más alto en el Departamento de Justicia, y a Bove como adjunto principal de Blanche, que actuará como interino del fiscal general adjunto hasta que Blanche obtenga su confirmación.

Unos nombramientos que asegurarán a Trump la lealtad del Departamento en su próxima administración.