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Ramona Asla
Viernes, 28 de junio 2024, 19:40
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó este viernes que para determinar el cargo de obstrucción a la justicia es necesario demostrar que el acusado en cuestión quería alterar o destruir documentos oficiales. Esta sentencia dificultará los procedimientos abiertos contra cientos de acusados por el ... asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio y que han sido imputados por este mismo delito, entre otros. Entre los posibles beneficiarios se encuentra el expresidente Donald Trump, acusado de intentar revertir el resultado electoral. La corte, en este dictamen impulsado por la mayoría conservadora, deposita en el Gobierno la carga de la prueba.
Ahora mismo hay 250 acusados del asalto al Capitolio que están imputados por obstrucción, a los que hay que añadir otros 52 donde el procesado en cuestión fue condenado solo por este delito y, de esta cifra, 27 se encuentran ahora mismo en la cárcel, según el Departamento de Justicia.
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Es más, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump está imputado desde agosto de 2023 por cargo de obstrucción en el caso abierto en su contra por el investigador especial Jack Smith sobre el asalto al Capitolio. El magnate, acusado de instigar el ataque, ha negado todas las acusaciones. No obstante, el propio Smith ha indicado que el dictamen del Supremo no afectará particularmente al caso de Trump, dado que también está acusado de otros delitos.
El veredicto ha sido alcanzado por seis votos a favor y tres en contra con el matiz de que la jueza liberal Ketanji Brown Jackson se ha alineado con la mayoría conservadora y que la magistrada Amy Coney Barrett se ha cambiado al bando de los liberales como responsable de la opinión discrepante al entender que «viola los principios normales de interpretación jurídica» al combinar diferentes secciones de la ley sin mucha relación entre sí.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha sido uno de los primeros en reaccionar a esta resolución. «Estoy decepcionado por la decisión, que limita un importante estatuto federal que el Departamento de Justicia ha tratado de utilizar para garantizar que los principales responsables de ese ataque se enfrenten a las consecuencias apropiadas», indicó.
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