El Supremo aplaza su decisión sobre la inmunidad de Trump

El alto tribunal bloqueó un controvertido acuerdo de quiebra de la empresa Purdue Pharma, fabricante del opiáceo OxyContin que causó la mayor epidemia de opioides de la historia. La propuesta incluía una medida extraordinaria para blindar de responsabilidad futura a los propietarios de la firma farmacéutica, la familia Sackler, que hizo fortuna con la crisis. La decisión de 5-4, fue respaldada por cuatro de los jueces de la mayoría conservadora y uno de la minoría liberal.

Purdue Pharma intentaba utilizar el polémico acuerdo de quiebra, impugnado por el Departamento de Justicia, para proteger a la familia de daños personales ante miles de demandas, muchas de ellas de parte de gobiernos estatales y locales en todo el país. La compañía, alegan, promovió una crisis de salud que se ha saldado con medio millón de muertes, afirmando que su fármaco estrella no era adictivo, al tiempo que incentivaba la prescripción excesiva y masiva. A cambio de su inmunidad legal, el acuerdo ofrecía pagar 6 millones en la rehabilitación de adictos.

En otro importante fallo, el Supremo desestimó un caso que intentaba bloquear el aborto en casos de emergencia en Idaho, un Estado con una prohibición casi total de las interrupciones voluntarias del embarazo. En su petición, Idaho intentaba que el procedimiento estuviera exento de la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia.

La decisión de 6-3 supone una victoria temporal para la administración de Joe Biden, ya que, al enviar el caso de nuevo a un tribunal inferior, solo retrasa el dictamen final hasta después de las elecciones sobre un tema electoral clave que podría dañar a los republicanos en noviembre.

En su tercera decisión de 5 a 4, el Supremo suspendió el intento de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de reducir la dañina contaminación del aire de las centrales eléctricas al cruzar fronteras estatales. La decisión es solo temporal y otorga tiempo a una impugnación a la regulación en un tribunal inferior, favoreciendo con ello a tres Estados (Ohio, Virginia Occidental e Indiana) y a los aliados de la industria eléctrica en su intento de bloquear los requisitos que previenen la contaminación a través del aire en los Estados vecinos.

La jueza conservadora Amy Coney Barrett, que se unió a los tres jueces liberales del tribunal en desacuerdo, escribió en su disensión que el tribunal justificó su decisión basándose en un «presunto error de procedimiento» «sin impacto probable» en el plan.