Biden sortea la crisis migratoria en la frontera entre EE UU y México por el fin del artículo 42

Los datos avalan su intuición. Hasta este viernes por la mañana la agencia federal había aprehendido 67.759 personas en toda la frontera, a un ritmo de casi diez mil diarias, según el jefe de la patrullas fronterizas Raúl Ortiz. Eso supone casi el doble de lo que se registró de media en marzo y ligeramente inferior a la estimación de 11.000 diarias que temían encontrarse las autoridades.

Como referencia, la cifra acumulada por Estados Unidos en menos de cinco días es mucho mayor que el total de saltos a la valla en Ceuta y Melilla en casi una década, contabilizados por el Ministerio de Interior desde 2013 a 2022, que ascendió a 6.860. Eso no incluye a quienes lo intentaron en avalancha sin llegar a tierra española.

Los patrulleros norteamericanos ni siquiera tuvieron que ir a buscarlos. Motivados por el falso rumor de que quienes se entregaran recibirían papeles, venezolanos, colombianos, haitianos y centroamericanos llegados hasta Ciudad Juárez caminaron durante horas a pleno sol del desierto para presentarse en la única puertas abierta de EE UU que tenían a mano. Y «a mano», es un eufemismo. Si anteriormente podían entregarse en pleno centro de Ciudad Juárez, nada más bajarse del autobús y dirigirse al puente, la oportunidad se ha ido alejando cada vez más, acumulando kilómetros adicionales día por día. De la puerta 40 a la 42, y de ésa a la 48 en la última noche del Título 42. En ese oscuro y peligroso reducto, tierra de cárteles, se aglomeraban los últimos que intentaban entrar al país antes de que expirase la medida excepcional de la pandemia, que permitía expulsarles por motivos de salud pública sin tener que tramitar sus peticiones de asilo político.

Por la puerta fronteriza que comparte número con el título expirado salió el último día una decena de autobuses cargados de inmigrantes esposados. El jefe de la agencia fronteriza, Raúl Ortiz, informó a media tarde que hasta esa hora habían transportado a 1.500 inmigrantes y todavía les quedaban otros 1.000 esperando pacientemente entre la alambrada que bordea el Río Bravo y la barda de nueve metros de altura erigida a lo largo de la autopista César Chávez. En total, 2.500 interceptados en menos de día, un récord absoluto para el sector de El Paso, que la semana pasada había batido su propio récord con 1.500 diarios.

Tras la emergencia sanitaria, sólo queda el drama humano de quienes serán ahora procesados por el Título 8, más duro incluso que el 42, porque, si bien obligará a evaluar las peticiones de asilo político, criminalizará a quienes no cualifiquen si persisten en entrar ilegalmente en EE UU.

A Pedro Manuel Silva Barrera, un exmilitar venezolano que la víspera cruzó la alambrada tras el Río Bravo alentado por el falso rumor de una amnistía, como muchos de sus compatriotas, le salvó la vida uno de los patrulleros con el que hizo amistad durante las horas de espera. «Márchate de aquí y vuelve mañana», le recomendó. «Tú tienes un buen caso de asilo político y ahora lo que estamos haciendo es expulsar a la gente sin escucharlos».

Eso es lo que hacía temer que llegara un aluvión de perseguidos que desborde aún más el sistema, porque si algo le falta al inmigrante es información fidedigna que le ayude a tomar las decisiones correctas. Algo que no ha cambiado ni con el Gobierno de Trump ni con el de Biden. La incertidumbre continúa en las noches polvorientas de El Paso y Ciudad Juárez, sin que nadie sepa lo que ocurrirá mañana.

A las 21.30 horas del jueves, cuando faltaban apenas dos horas y media para que expirase la medida, un juez de Florida al que había acudido el gobernador, Ron De Santis, en campaña electoral oficiosa, emitió una orden cautelar que impediría al Gobierno federal seguir emitiendo documentos de libertad condicional a los individuos que han recibido una cita con un tribunal migratorio para evaluar su solicitud de asilo político. «Tanto en esta instancia como en la anterior los extranjeros son puestos en libertad de forma expedita con muy poca o ninguna investigación y sin forma de vigilarlos», escribió el magistrado nombrado por Donald Trump, en una decisión de diecisiete páginas en la que ataca frontalmente al Gobierno de Biden por no haber hecho «absolutamente nada para prepararse para esta crisis».

En línea con el trumpismo más fanático, el copresentador de Infowar Owen Shroyer, que trabaja junto a Alex Jones, condenado varias veces por difamación, se presentó el jueves en la puerta 42, donde sabía que encontraría un buen número de cámaras y el escenario perfecto para denunciar la «invasión de inmigrantes que se avecina». Pero eso, decía, era lo de menos. Una forma de distraer la atención para el asalto a la democracia estadounidense que, según él, llevará a cabo Naciones Unidas con la ayuda de multimillonarios como George Soros, el enemigo favorito de la ultraderecha más conspiratoria por su filantropía social y política. «Van a instalar un Gobierno mundial en el que ya no tengamos derechos», advertía.