Polvo, sudor y miedo en El Paso

Existen tres modos en que un migrante puede salir de El Paso. Atreverse a cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos y arriesgarse a ser detenido y deportado durante un mínimo de cinco años. Intentar hacer las cosas bien, pasar según ordena la ley y confiar en recibir un documento que, al menos, le permitirá vivir en un limbo flotante hasta 2025 cuando la Administración de EE UU resuelva si le concede asilo o le envía a casa. La tercera consiste en darse media vuelta y desandar el camino o quedarse en México deambulando como el último paria en un país donde siempre es posible martirizar a alguien que esté peor que su verdugo.

Esta vía exige sangre. Los secuestros de migrantes por parte de los cárteles o las extorsiones y abusos sexuales a manos de funcionarios de inmigración corruptos están a la orden del día, pese al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadounidense, Joe Biden, de ayudarle a gestionar el caos fronterizo y brindar protección a un número determinado de solicitantes de refugio. Las organizaciones de derechos civiles denuncian que, si bien el sistema de asilo en EE UU resulta extrordinariamente lento, el proceso en México puede alargarse lustros, durante los cuales los peticionarios quedan a merced de las mafias, los empleados públicos corruptos e incluso de las propias agencias oficiales que colaboran con las autoridades norteamericanas.

El Gobierno mexicano ha reconocido que 2.000 migrantes fueron secuestrados el año pasado por organizaciones criminales. El miércoles, dos días antes de la derogación del Título 42, un grupo de sicarios capturó a cinco miembros de una familia venezolana que volvía en autobús tras comprobar lo infructuoso de su objetivo de cruzar a Estados Unidos con varios niños y ancianos. Los pistoleros se llevaron a parte del clan y exigieron al resto el pago de unos 4.000 euros bajo la advertencia de que, en caso contrario, comenzarían a extraerles órganos para traficar con ellos.

Muchos de los 2.000 secuestrados en 2022 nunca han vuelto a aparecer. Un patrón habitual año tras año. Y las ONG creen que el número de víctimas de estas redes resulta muy superior. Simplemente, se trata de migrantes solitarios o desconectados de sus familias durante el largo periplo desde Sudamérica a la frontera de Texas o Arizona, cuyas desapariciones nunca han sido denunciadas ni sus cadáveres encontrados. Una recopilación somera de declaraciones judiciales de antiguos sicarios basta para revelar que muchos pudieron tener su último destino en el desierto o un bidón de ácido.

La radiografía social y criminal en torno a El Paso certifica que, además de su macabro contorno, el fenómeno migratorio vive entre dos fuegos y parece más atascado que nunca tras la derogación a medianoche del jueves (seis de la mañana en España) del Título 42, que la Administración de Donald Trump puso en marcha para facilitar las devoluciones en caliente con el argumento de la prevención sanitaria ante el coronavirus, La primera madrugada post-restricción puede resumirse con cuatro palabras: polvo sudor, incertidumbre y miedo. Decenas de miles de personas extremadamente cansadas aguardan al otro lado de las vallas fronterizas. Son cientos de kilómetros de muga custodiados por 24.000 miembros de la Patrulla Fronteriza y un número indeterminado pero muy elevado de militares e incluso contratistas, como si Texas y Arizona se hubieran transformado en una zona de guerra. Biden ha ordenado desplegar una ingente cantidad de tropas para contener posibles avalanchas y mejorar la eficacia de los filtros de paso a Estados Unidos.

Pero a estas horas, todo se encuentra tan en suspenso como las motas de polvo del desierto en el aire abrasador de El Paso. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió en la noche del jueves: «La frontera no está abierta. No crean las mentiras de los contrabandistas». Se refería a las mafias que cobran entre 200 y 10.000 euros por 'garantizar' a los exhaustos migrantes que les harán cruzar a EE UU. Mayorkas también se mostró explícito al señalar que «las personas que no utilicen un camino legal se presume que no serán elegibles para el asilo» y, por lo tanto, acabarán expulsadas. Las nuevas normas aprobadas por Washington establecen que si alguna de ellas vuelve a ser arrestada en un cruce iegal terminará no en un centro de detención para inmigrantes sino en una cárcel estadounidense con delincuentes comunes.

En una sola madrugada, El Paso se ha convertido en una encrucijada de resoluciones políticas, judiciales y declaraciones contradictorias que alimentan esa impenetrable costra de incertidumbre y desasosiego. La impresión de que una gran tormenta puede desatarse, aunque nadie sabe ni cúando, ni cómo, ni tan siquiera por dónde llegará. Un juez federal, T. Kent Wetherell, declaró esta noche pasada que «los extranjeros están siendo liberados en el país de manera acelerada sin ingresar en procedimientos de deportación y con poca o ninguna investigación y supervisión», por lo que ha ordenado bloquear esta suerte de política que otorga una «libertad condicional» a los migrantes en custodia. Wetherell, cuya orden estará vigente las dos próximas semanas, no ha ahorrado en críticas al Gobierno de Biden, al que acusa de no haber hecho «absolutamente nada para prepararse para esa crisis» y recurrir a estrategias como la ahora bloqueada que «demuestran una sorprendente combinación de incompetencia y mala fe».

Por el contrario, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha decidido plantear una demanda contra estas restricciones porque, a su entender, cierran «el acceso a la seguridad para la mayoría de las personas que buscan asilo en los Estados Unidos». Por su parte, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, ha nombrado este viernes a un coordinador para gestionar lo que denomina una «emergencia creciente» con las autoridades del Estado y los ayuntamientos fronterizos. Hobbs, demócrata como el presidente Biden, ha mostrado su enfado con la «falta de preparación» de la Casa Blanca ante la derogación del Título 42, en línea con las voces al alza que consideran que al inquilino del Despacho Oval de han vencido las ganas de conseguir un golpe de efecto social por encima de una planificación más realista del fenómeno migratorio. Yuma, en Arizona, ha sido precisamente la ciudad donde han llegado esta pasada madrugada los primeros migrantes posteriores al fin de las restricciones pandémicas.

En medio de este galimatías, las organizaciones de derechos humanos presionan por el drama humanitario que se ha generado y podría incrementarse en El Paso en los próximos días mientras aumentan las reticencias de los peticionarios de asilo a las conversaciones entre México y Washington para que el país centroamericano acepte un cupo de solicitantes diario. Unas reticencias basadas en los relatos sobre la violencia ejercida contra este colectivo, especialmente en el caso de las mujeres, y unas condiciones laborales tortuosas que incluyen a niños de 10 años sometidos a trabajos forzosos.

La Patrulla Fronteriza ha contabilizado esta última semana una media diaria de 8.750 encuentros con migrantes de Venezuela, Colombia y otros países sudamericanos; un concepto que engloba a quienes tratan de cruzar la muga legalmente como, sobre todo, a los que sorprende saltando las vallas de espino. Ese volumen supera generosamente los contabilizados en 2019, cuando el Gobierno de Trump endureció las medidas ante la avalancha de ciudadanos procedentes de Centroamérica. El republicano llegó a amenazar a su vecino con aumentar los aranceles audaneros, lo que llevó al Ejecutivo mexicano a enviar al ejército a la frontera.

En estos momentos, las autoridades registran 25.000 personas en los centros de refugio y de detención levantados en la divisoria entre EE UU y México. La situación es de saturación total. Los funcionarios fronterizos admiten que ha sido necesario dejar pasar a migrantes sin más trámites que el de emplazarlos a acudir a las autoridades de inmigración en sus ciudades de destino para aliviar la congestión en los accesos al país, la estrategia que el juez Wetherell ha puesto en cuarentena.

Las próximas horas, quizás el fin de semana, serán decisivas para conocer el rumbo de la crisis. La paciencia de los miles de migrantes arracimados entre Ciudad Juárez y El Paso juega un papel importante. Anoche saltó la alarma de que decenas de miles de personas se dirigían hacia la frontera para empujar y derribar las vallas que les separan del sueño americano. Un rumor más, pero que alimenta la tensión, la ausencia de certezas y, sobre todo, el miedo entre las familias con niños y ancianos a su cargo. «Estamos solos, abandonados. Ni siquiera hay organizaciones humanitarias aquí para ayudarnos», se duele una mujer ante las cámaras de televisión. Ella, sus padres y dos niños pequeños han cruzado el río atados a una cuerda por la cintura, de la que tiraban otros en su misma situación desde la orilla. Como terneros. La viva imagen de la desolación y la deshumanización profunda.

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