Corea del Sur agrava su convulsión política con la detención del presidente

Este jueves Yoon se ha vuelto a negar a declarar, después de no pronunciar ni una palabra durante las 11 horas que se alargó el registro de su residencia oficial el miércoles. Los investigadores tenían que retomar el interrogatorio a las 14.00 hora local (6.00 en la España peninsular), pero el abogado del jefe de Estado ha dicho que no pudo asistir por razones de salud, según la agencia de noticias Yonhap.

«Los representantes del presidente Yoon Suk-yeol informaron a la Oficina para la Investigación de la Corrupción en Altos Cargos (OIC), mediante su consejero jurídico, que no había cambio en su posición, indicando su intención de no presentarse», ha confirmado más tarde el organismo.

Un despliegue de 3.000 efectivos, entre agentes de policía e investigadores de la OIC, consiguió esta vez el objetivo de entrar en el palacio presidencial. En esta ocasión y a diferencia de la primera intentona, los guardaespaldas del mandatario no han impedido la ejecución de la orden de detención. «Hoy prácticamente no hubo enfrentamientos físicos», reconocía un portavoz de la CIO.

No obstante, los investigadores tuvieron que utilizar escaleras para entrar en el complejo, ya que el servicio de seguridad había dispuesto alambre de espino y autobuses para impedir el paso. La operación arrancó a las cinco de la mañana y, tras arrestar al mandatario a las 10.33, el registro se alargó hasta pasadas las 21.40. Durante las once horas que se alargaron las pesquisas, Yoon se negó a declarar. «Ni siquiera dijo: 'Ejerceré mi derecho a negarme a hacer una declaración' y no abrió la boca en absoluto», indicó un funcionario judicial. De la misma forma, el dirigente se rechazó firmar las actas del registro y se fue sin ni siquiera leer el informe. Los registros sin el sello del sospechoso no se pueden utilizar en juicios futuros.

Ambos actos siguen la estrategia de los abogados de Yoon de negar la autoridad de la OIC para instruir diligencias al mandatario. «La investigación realizada por la Oficina de Investigación de la Corrupción es ilegal e inválida», sostiene la defensa. Sin embargo, se muestran abiertos a una posible declaración de su representado en el futuro: «Esto no es una negativa incondicional a declarar». Mientras tanto, el equipo de defensa presentó ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl una demanda contra la orden de arresto para que sea revocada al considerarla improcedente por la supuesta ilegalidad de la investigación.

Tras el registro, Yoon fue trasladado a un centro de detención en Uiwang, a unos 22 kilómetros de la capital surcoreana. Los investigadores tienen previsto continuar con el interrogatorio este jueves, aunque el presidente cesado se ha negado a responder a todas y cada una de las preguntas.

En un vídeo grabado y publicado tras su arresto, Yoon afirma que ha «decidido aceptar comparecer para evitar un derramamiento de sangre desagradable», a pesar de que considera que se trata de «una investigación ilegal». Así, ha reiterado que la declaración de ley marcial fue un «acto de gobierno» destinado a enviar una advertencia al principal partido opositor sobre lo que describió como un abuso de poder legislativo.

Los guardias de seguridad les han impedido el paso con autobuses aparcados cerca de la entrada. También les negaron la entrada un grupo de diputados del gobernante Partido del Poder Popular y los abogados de Yoon.

La Policía había desplegado unos 3.000 efectivos para asegurar el acceso al complejo, que estaba rodeado tanto por simpatizantes como por detractores de Yoon. Los servicios de emergencias también han tenido que acudir al lugar, en su caso para atender a una mujer que ha resultado herida, si bien no se han dado detalles sobre su estado.

La primera intentona de ejecutar la orden de arresto contra Yoon fracasó el 3 de enero después de que el equipo de seguridad del cesado presidente impidiera que los agentes entraran en la vivienda en medio de importantes disturbios desencadenados por sus seguidores.

Yoon está bajo orden judicial tras negarse hasta en tres ocasiones a comparecer frente a acusaciones de insurrección y abuso de poder en el marco de la fallida ley marcial que declaró el pasado 3 de diciembre y que desató una tormenta política en el país asiático.

Asumió el cargo en 1948 como el primer presidente de una república incipiente creada poco después de la Segunda Guerra Mundial, pero fue destituido en 1960 y obligado a exiliarse en Hawai. Tras dimitir acusado de fraude electoral, pasó el resto de su vida sin ingresos en una cabaña en Oahu.

Llegó a la presidencia tras tomar el poder mediante un golpe de Estado en 1961, aprovechando la agitación política provocada por la dimisión de Rhee el año anterior. Park gobernó el país hasta su muerte en 1979, cuando fue asesinado por un asesor cercano. El jefe de la agencia de seguridad del país le disparó en una cena.

Chun encabezó una insurreción militar que los llevó al poder en 1979. Un año después sofocaron violentamente un levantamiento popular. En 1987 Roh ganó las elecciones por poco como el primer presidente de la democracia. Fueron condenados por insurrección, corrupción y abusos contra los derechos humanos.

Fue investigado por soborno y se suicidó en mayo de 2009, después de retirarse de la vida política y disfrutar una vida tranquila dirigiendo una granja de patos en su ciudad natal. Como abogado, defendió a activistas estudiantiles que habían sido torturados por el gobierno militar de los ochenta.

La primera presidenta del país e hija de Park Chung-hee, Fue destituida en 2016 y arrestada en 2017 por tráfico de influencias, corrupción y abuso de poder. Se creó el Movimiento de las Velas, una protesta masiva en su contra. Su predecesor, Lee Myung-bak, fue arrestado por soborno y evasión fiscal.