La oposición acusa a Yoon de buscar el enfrentamiento civil en Corea del Sur

Aun así, el departamento de Anticorrupción se mantiene firme en su intención de arrestar al todavía máximo dirigente surcoreano. «Deseamos un proceso tranquilo y sin perturbaciones importantes, pero también nos estamos coordinando para movilizar a las fuerzas de seguridad», advirtió Oh Dong-woon, jefe de la Oficina. Los precedentes no le ayudan. Las autoridades de Corea de Sur ya fracasaron en 2000 y 2004 en intentos de llevar a cabo arrestos contra legisladores. Entonces, los simpatizantes de los acusados impidieron que la policía los detuviera durante los siete días de validez de las órdenes.

Por ahora, Yoon sigue libre. La cuenta atrás para su detención finaliza el lunes. Suspendido de sus funciones por una moción de destitución dictada por el Parlamento, ha prometido que defenderá sus derechos hasta el final. «La República está actualmente en peligro debido a fuerzas internas y externas que amenazan su soberanía y a actividades de elementos antiestatales», escribió en un comunicado distribuido entre los manifestantes que le apoyan, según la agencia Afp.

Lejos de solucionarse, la crisis política surcoreana se agrava porque es la primera vez que se toma una medida así contra un presidente que sigue en el cargo, aunque ahora no puede adoptar ninguna medida oficial.

Tras abrirle una causa por insurrección y abuso de poder por su intento de imponer la ley marcial, abortada en pocas horas por el Parlamento y la movilización ciudadana, la Oficina para la Investigación de la Corrupción ha citado a Yoon a declarar en tres ocasiones. Pero el mandatario se ha negado a comparecer porque su equipo de abogados esgrime que dicho organismo no tiene jurisdicción legal sobre este tipo de casos. Para resolver la situación, los investigadores solicitaron el lunes una orden de arresto al Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, que fue aprobada el martes tras rechazar los argumentos de la defensa presidencial.

Si al final es detenido, Yoon puede ser confinado en el Centro de Detención de Seúl, que su ubica en Uiwang, al sur de la capital. Los investigadores deberán decidir en 48 horas si piden otra orden para prolongar la retención y seguir interrogándolo o lo liberan.

La entrada en prisión del presidente puede resultar problemática y ahondar aún más en la crisis institucional que sufre Corea del Sur. Destituido por el Parlamento el 14 de diciembre –gracias a doce diputados de su propio partido que apoyaron la segunda moción de censura presentada por la oposición–, Yoon Suk-yeol sigue en su residencia protegido por el Servicio de Seguridad Presidencial. De hecho, sus guardaespaldas se negaron la semana pasada a que los investigadores registraran sus dependencias. La residencia sigue rodeada, casi blindada, por sus partidarios.