El rechazo a la Carta Magna desata una guerra en la derecha chilena

El país amaneció dividido un día después de acudir a las urnas. El contundente revés a la oposición desvela el hastío de 19 millones de habitantes por las propuestas «radicales». Ya en septiembre del año pasado los electores habían rehusado ampliamente un primer documento, liderado entonces por una mayoría de izquierda.

Con los resultados de el domingo, el turbulento proceso constitucional que duró más de cuatro años –tras el estallido social de 2019– cerró con escasos resultados y un sinsabor de volver al punto de partida. Los chilenos quedan con su actual Carta Magna y aún exigen soluciones a los problemas sociales y económicos que han arrastrado desde hace treinta años.

La negativa a un borrador de corte conservador dio un respiro al Ejecutivo izquierdista, pero ha desatado un enfrentamiento interno en la derecha. Los ultras y los conservadores asumieron su derrota y ahora debaten sobre qué facción liderará la oposición. El cabeza del Partido Republicano, Antonio Kast, indicó este lunes que «no hay nada que celebrar porque el daño que ha sufrido Chile los últimos cuatro años va a costar muchas décadas repararlo». «Mi esperanza es que hoy se cierre una etapa triste de nuestra historia, que comenzó con un estallido delictual».

Sin embargo, las peticiones de mejores pensiones, salud y educación y de terminar con las desigualdades que movilizaron en 2019 a miles de ciudadanos quedan aún sin resolver. El Palacio de La Moneda deberá actuar en las «urgencias sociales» para evitar que las calles vuelvan a ser tomadas.

«Las urgencias sociales no pueden seguir esperando. Después de cuatro años lo que corresponde es volver los ojos a las necesidades y trabajar para que las soluciones lleguen de una buena vez», aseguró este lunes la expresidenta del Consejo Constitucional, la ultraderechista Beatriz Hevia, a la emisora Radio Duna.

«Basta de creer que un sector, sea cual sea, puede imponerle su visión al otro. Nos necesitamos todos porque Chile es uno solo» dijo este lunes la portavoz de la Presidencia, Camila Vallejo. «Es momento de avanzar sin excusas, en seguridad, en crecimiento económico y en empleo. Hemos estado por meses dialogando, discutiendo, pero sin concretar reformas sustantivas», aseguró tras anunciar que el Ejecutivo retomará el trámite legislativo en materia de pensiones y sobre el pacto fiscal, que había quedado congelado a espera del resultado del reciente referéndum.

En medio de un ambiente crispado el presidente Boric presentará en los próximos días avances sobre su nueva propuesta tributaria, con la que pretende recaudar el 2,7 % del PIB en seis años (cerca de 8.000 millones de dólares) para financiar su agenda social. La oposición ya ha descartado categóricamente la subida de impuestos en el Parlamento, donde el Ejecutivo está en minoría, al igual que rechaza cambiar el criticado sistema privado de pensiones.

El cambio de la Constitución de Pinochet era un deseo histórico de la izquierda chilena. Pero el texto aprobado en 1980 durante el régimen militar ya no es igual que el original. Se ha modificado una treintena de veces bajo la democracia, lo que según la expresidenta socialista Michelle Bachelet: «Es mejor algo malo que algo pésimo».

«Si hay gente que aspira a gobernar en el futuro, tiene que entender que liderar es llegar a acuerdos», dijo la antigua mandataria en referencia a las intenciones de los partidos de imponer sus visiones en la Carta Magna. El primer órgano de consejeros, secundado en 2020 por los ciudadanos, dirigido por el oficialismo redactó un texto que «atentaba» contra la institucionalidad y el segundo, elegido democráticamente en mayo, en manos de la derecha provocaba el «retroceso» en materia de derechos humanos. Ambos borradores desataron una feroz oposición que volcaron a los chilenos a decidir que era mejor terminar con el tortuoso proceso en el que estaba en juego más que las leyes que rigen al país, que conceder el poder a una u otra fuerza política.