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«¿A favor o en contra del texto de la nueva Constitución?», será la pregunta que más de 15 millones de chilenos deberán responder este domingo en el segundo y último intento del Gobierno para cambiar la actual Carta Magna, heredada de la dictadura de ... Augusto Pinochet. Después del varapalo a finales del año pasado a la izquierda en el primer referéndum constitucional, ahora la población decidirá si aprueba la propuesta de la derecha. No hay nada en medio. Los ciudadanos han pasado de rechazar un documento que consideraban «demasiado progresista» –en el que se aprobaba el aborto libre y seguro y se prescindía del Senado– a debatir uno «más conservador» –que coloca en riesgo la restringida ley de la interrupción del embarazo y endurece el trato hacia los inmigrantes ilegales– que el vigente.
En las calles el referéndum genera poco entusiasmo. En medio de un ambiente de desencanto los últimos sondeos indican que el 'No' volverá a ganar. Pero los numerosos indecisos pueden dar un giro a los pronósticos. Un 50% votará 'En contra', mientras que un 27% lo hará 'A favor', según la plataforma Data. El sufragio obligatorio será un factor clave ante el poco interés que ha mostrado la población.
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Después de treinta años el régimen militar aún divide al país. De los casi 20 millones de habitantes, un 70% nació cuando ya había regresado la democracia. De hecho, los jóvenes fueron los que protagonizaron el estallido social de 2019. Con masivas movilizaciones, los chilenos exigieron un cambio de las leyes aprobadas en 1980 durante el mandato de Pinochet.
Este es el segundo proceso que se lleva a cabo. El anterior y fallido proyecto, secundado por el Gobierno de Gabriel Boric e impulsado por una convención de izquierda, proponía una «transformación radical de la nación». El texto catalogado como «uno de los más progresistas del mundo en materia de feminismo y ecologismo» fue rechazado en septiembre de 2022 por un 62% de los votantes.
La aplastante derrota no frenó la reforma y desembocó en otra propuesta, pero esta vez la batuta quedó en manos de la ultraderecha. Un órgano de cincuenta consejeros, elegidos democráticamente en mayo, en el que la oposición contaba con mayoría –33 escaños–, fue el encargado de hacer el documento con un evidente corte conservador. Enfocados en la seguridad pública han dejado de lado las preocupaciones por la desigualdad social y económica. La izquierda califica este nuevo borrador como «dogmático» y denuncian que supone «retrocesos» en derechos sociales.
El Partido Republicano, fundado por el fiel admirador de Pinochet José Antonio Kast, paradójicamente lideró el cambio al que se oponía. La formación defiende la mano dura contra la delincuencia y la llegada de indocumentados, está en contra del matrimonio gay y el aborto y a favor del libre mercado y la familia como el núcleo de la sociedad.
Uno de los puntos de la Carta Magna más polémicos es sobre la interrupción del embarazo. En 2017 se aprobaron tres excepciones que autorizan su práctica. En caso de poner en riesgo la vida de la madre, malformación del feto o si fuera el resultado de una agresión sexual. La primera fuerza política del consejo constitucional ya había expresado su postura en contra y ahora el proyecto consagra: «La ley protege la vida de quien está por nacer». No penaliza el aborto, pero supondría un revés a las tres causales vigente. Al cambiar la fórmula 'que está por nacer' por 'quien está por nacer', según los analistas allana el camino para que la ultraderecha recurra ante la Justicia contra la interrupción del periodo de gestación. El discurso modifica la concepción del feto, lo que también podría afectar a la venta –por ahora libre– de la píldora del día después.
Las encuestas anticipan entonces una vez más el rechazo del borrador. Una nueva Constitución sí, pero las presentadas no. La negativa supondrá el cese de los intentos, al menos durante el mandato de Boric –hasta marzo de 2026–. A favor o en contra, los chilenos pondrán fin este domingo al largo y convulso proceso constitucional, que marcará una nueva etapa donde además de elegir el nuevo texto de la Carta Magna también darán poder al Gobierno o la oposición.
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