Los presos de Bukele

La organización ha alertado una vez más que El Salvador se encuentra en una de «sus peores crisis de derechos humanos» durante el estado de sitio, donde «las fuerzas del orden detienen a ciudadanos inocentes» acusados «falsamente» de alistarse en las filas de las pandillas. «Nunca me imaginé que iba a terminar con toda mi familia en prisión (tres hijos, una nuera y un yerno). Cada vez que la Policía llegaba a por uno de ellos no vimos una orden de un juez», cuenta María a Amnistía Internacional.

Las calles están abarrotadas de militares con el poder de arrestar a cualquiera que forme parte de las bandas o tenga «algún vínculo» con ellas. «La violencia del Estado está reemplazando a la de los grupos criminales», lamenta Ana Piquer, directora para las Américas de esta organización, en el informe 'Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador' publicado ayer.

Bukele –ahora candidato a las elecciones presidenciales de febrero– se jacta de estar «ganando» la batalla contra la Mara Salvatrucha 13 o Barrio 18. Sin embargo, las ONG locales y la comunidad internacional denuncian otro año más que jóvenes, padres de familia y hasta mujeres gestantes siguen siendo víctimas de la represión. «Durante mi embarazo sólo tuve un control prenatal y las vitaminas que me dieron habían caducado. Fui forzada a realizar tareas pesadas, si me negaba me amenazaban con castigarme, dejándome bajo el sol en cuclillas (...) Compartí celda con otras 200 embarazadas», afirma Alicia, quien permaneció trece meses en prisión preventiva.

Desde marzo de 2022 han sido encarcelados en el país más de 72.000 ciudadanos, según cifras oficiales, de los que unos 7.000 han sido liberados tras ser reconocidos públicamente como parte de «un margen de error». «Fui detenida en mi casa, de manera repentina y violenta. Casi dos semanas después me llevaron a juicio, en el que fui procesada junto a otras 300 personas. Nunca las había visto y ahora el juez decía que yo había cometido delitos con ellas», comparte Johanna.

«A nadie se lo llevan preso por ser inocente, es porque algo debe», ha dicho Bukele en respuesta a las numerosas y frecuentes críticas de los activistas por su «enfoque de seguridad represivo». La alarma de las detenciones arbitrarias saltó de nuevo cuando el Gobierno habilitó un teléfono anónimo para denunciar a supuestos miembros de las pandillas. Muchos de los que están hoy en prisión fueron acusados por sus propios vecinos. «Ahora así se solucionan las discusiones, haciendo llamadas anónimas. Si le caes mal a alguien te amenaza: 'Voy a llamar y te voy a echar al régimen'», relata Carlos, uno de los arrestados arbitrariamente en 2022. Un telefonazo a la Policía es suficiente para formar parte de la larga lista de detenidos por participar en lo que el Ejecutivo cataloga como actos «terroristas». La Justicia no abre investigaciones ni hace controles, se queja Amnistía Internacional.

En medio de los señalamientos sobre las continuas violaciones de derechos humanos, Bukele celebró el lunes los primeros 500 días ininterrumpidos sin un sólo homicidio en el país. El presidente «ha limpiado las calles» donde antes gobernaban las pandillas, sostiene el 90% de la población que secunda el plan del Estado mientras repite que confía «en Dios y en Nayib».