Honduras sigue el ejemplo de Bukele

Después de una masacre el pasado sábado de una veintena de personas y justo una semana después de que 46 reclusas murieran asesinadas y calcinadas en un motín en el centro penitenciario de Támara, cerca a Tegucigalpa, la mandataria decidió seguir la línea del país vecino. Castro anunció el pasado miércoles que a partir del 1 de julio, la Policía Militar de Orden Público (PMOP) tomaría el control de los veinticinco penales durante un año e iniciaría el desarme total de las bandas. Sin embargo, la operación sorprendió el lunes a todos los reos.

«Armas de grueso calibre, granadas, munición, plantaciones de marihuana, cargadores y móviles...» fueron encontrados en los módulos de los miembros de la Mara 18 (pandilla) en el centro penal de Támara, según publicó la PMOP en su cuenta de Twitter. «Volando no entran» los artefactos a las cárceles y «sólo hay una manera de que ingresen», afirmó el comandante de la operación, coronel Fernando Muñoz, refiriéndose a que los presos han sobornado a los guardias. Pero «aquí se acabó la corrupción», zanjó.

Tras hacerse pública la intervención denominada 'Fe y Esperanza', organizaciones defensoras de los derechos humanos salieron a condenar las acciones militares contra los privados de la libertad. A lo que Muñoz respondió que la operación es un «procedimiento normal» y se hace «con respeto». «Dejad trabajar», añadió, precisando que mientras las maras operen en las cárceles estarán en peligro incluso los mismos pandilleros.

«Mano dura», dijo el pasado martes el Gobierno tras la reyerta femenina de Támara. Hasta ahora sólo Bukele había presumido con sus vídeos sobre cómo controlaba a los integrantes de las bandas criminales en sus sobrepobladas cárceles. Siguiendo la estela salvadoreña, la dirigente hondureña busca retomar el mando con la formación de 2.000 nuevos guardias penitenciarios para frenar los enfrentamientos entre la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18.

Con el objetivo de que las prisiones dejen de ser «escuelas del crimen», como las ha calificado el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, el Ejecutivo también anunció la apertura de una «granja penal», un centro penitenciario al estilo de Bukele y su megacárcel, en las Islas del Cisne. Los cabecillas de las organizaciones criminales, considerados de alta peligrosidad, que estén detenidos o que sean «identificados, capturados y procesados», a partir de ahora serían enviados a la prisión de máxima seguridad en el Caribe.

Aislados de «todo el mundo» y alejados de sus subordinados, Honduras espera frenar las acciones violentas entre reclusos. En la nueva cárcel isleña se espera albergar a unos 1.500 reos. En el país centroamericano hay más de 22.000 personas encarceladas, cuando la capacidad máxima de la veintena de centros es de 8.000. Los más peligrosos y con dinero gobiernan dentro de las prisiones, constituyendo una ley interna que las autoridades intentan mitigar.

Las cárceles del país ya habían estado militarizadas durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández por los hechos violentos que ocurrían con frecuencia. Cuando la actual mandataria llegó al poder en 2022 ordenó finalizar la intervención militar y devolver el control a la Policía. La desmilitarización tenía un plazo de diez meses. Sin embargo, poco después del anuncio, cuatro personas murieron ahorcadas en una reyerta en una prisión de máxima seguridad. La oleada de enfrentamientos entre rivales y sus motines no se detienen desde entonces.

Más de un millar de reos han muerto en los últimos diez años de manera violenta dentro de las cárceles. La mayoría por disputas entre bandas rivales. Honduras es considerado uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 43,6 homicidios por cada 100.000 habitantes y con una alta incidencia del delito de asociación ilícita, narcotráfico y extorsión.