Más de cuarenta reclusas mueren tras reyertas y un incendio en una cárcel de Honduras

«Acción y reacción. Mano dura. No vamos a tolerar actos vandálicos ni tampoco irregularidades en esta prisión». Fue el mensaje de la viceministra de Seguridad hondureña, Julissa Villanueva, tras declarar la emergencia en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), ubicado a unos veinticinco kilómetros de la capital Tegucigalpa.

Las decenas de víctimas de la reyerta y el incendio son, según medios locales, miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha y de la Pandilla 18. Al parecer un grupo de la '18' sometió a los agentes de seguridad e ingresó por la fuerza en uno de los módulos donde estaban sus «rivales», comenzaron a disparar con armas largas y cortas y les prendieron fuego. Aunque algunas de las fallecidas no pertenecían a las bandas, no pudieron escapar de las llamas mientras se escondían en los baños o debajo de sus camas.

«Conmocionada (por el) monstruoso asesinato de mujeres en CEFAS, planificado por maras y la paciencia de (las) autoridades de seguridad», expresó ayer la presidenta hondureña, Xiomara Castro, en su cuenta de Twitter. Tras condenar el incidente y hacer un llamamiento a los agentes responsables de la custodia para que «rindan cuentas», Castro prometió que tomará «medidas drásticas» por haber permitido que este tipo de «desastres» sucedan en el país. Una de las primeras medidas fue el despido del secretario de Seguridad, Ramón Sabillón.

En la cárcel, donde hay unas 900 reclusas, es la primera vez que se registra un hecho de esta magnitud. Aunque la cifra preliminar de víctimas era 41, la portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, ha actualizado este miércoles el registro después del hallazgo de varios cuerpos que estaban «carbonizados y reducidos».

Las reyertas del martes habrían sido en «venganza» por los esfuerzos del Gobierno para acabar con la corrupción en las cárceles, según la presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, Delma Ordóñez. En abril, el Ejecutivo anunció una batería de medidas para controlar a los reclusos tras declarar la emergencia en el sistema penitenciario nacional, siguiendo la línea de su vecino El Salvador en la lucha contra los Maras. Las nuevas reglas implican retirar móviles y electrodomésticos que habían sido ingresados de manera ilegal, el bloqueo de llamadas, un desarme real de los presos y la clasificación de los reos por peligrosidad.

Más de 900 personas han muerto en medio de motines en las cárceles de Honduras en los últimos veinte años. Los centros, donde impera la sobrepoblación y el hacinamiento -con una capacidad de 8.000 reclusos, las prisiones albergan a más de 19.600, de las cuales un millar son mujeres-, han sido escenarios de cientos de enfrentamientos armados entre las bandas criminales de Centroamérica. Desde el anuncio hace dos meses de la nueva normativa se ha registrado una decena de tiroteos, siendo el episodio del martes el más mortífero del 2023. Los casos de violencia han sido catalogados como «una deficiencia estructural en materia de hacinamiento, gestión penitenciaria y garantía de seguridad integral de las personas privadas de libertad» por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.