Perú abre una crisis con México y expulsa a su embajador por «injerencias» en el 'caso Castillo'

La esposa del exmandatario detenido, Lilia Paredes, así como sus dos hijos menores de edad, Arnold y Alondra Castillo, arribaron este miércoles a Ciudad de México, según confirmó López Obrador. La llegada de la familia del exmandatario se produjo después de que Lima les otorgara salvoconductos para que pudieran volar al país azteca tras permanecer refugiados en la embajada mexicana. La jefa de la diplomacia peruana, Ana Cecilia Gervasi, explicó en una comparecencia que se han concedido los permisos de acuerdo a los tratados internacionales.

No obstante, dado que Paredes está siendo investigada por presunta corrupción en la causa abierta contra su marido, Perú se reserva el derecho a solicitar su extradición si es hallada culpable. Las autoridades no han mencionado, en cambio, a la hermana menor de Castillo, Yenifer Paredes, -que fue criada como una hija por el matrimonio-, quien también se encuentra bajo investigación.

El propio Castillo trató de ingresar en la embajada mexicana en Lima después de su fallido autogolpe de estado, pero fue detenido antes de llegar al inmueble. La Justicia ha decretado 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente, a quien investiga por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso han ido las «reiteradas expresiones de las más altas autoridades» de México en la crisis política de Perú que constituyen una «injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención», según explicó Gervasi. Por ello, el Gobierno ha decidido declarar 'persona non grata' al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le ha dado 72 horas para abandonar el país. La expulsión ha sido calificada por el ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, como «infundada y reprobable».

La decisión del Ejecutivo de Dina Boluarte responde a las palabras de Andrés Manuel López Obrador en los últimos días. El presidente mexicano afirmó el lunes que su país tiene «las puertas abiertas» para Pedro Castillo, su familia, y para «todos los que se sientan acosados y perseguidos» en Perú. López Obrador, además, sostuvo esta semana que «Pedro Castillo sigue siendo el presidente» de Perú y pidió la convocatoria de elecciones. Un respaldo explícito al exmandatario detenido que también han formulado de manera similar los presidentes de Argentina, Colombia y Bolivia -todos ellos de corte izquierdista-, razón por la cual Lima ha llamado a consultas a todos sus embajadores.

Este miércoles, López Obrador ha elevado el tono, pese a que el Ministerio de Exteriores mexicano ha afirmado que «no romperán lazos» con Lima. «Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político que son los que han mantenido esta crisis en ese país, por sus ambiciones personales por sus intereses económicos», ha afirmado el mandatario mexicano. También ha añadido que el país azteca no expulsará a ningún diplomático peruano en represalia.

«Las declaraciones del presidente mexicano resultan especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente», señaló el Ministerio de Exteriores peruano. «El Gobierno reitera de manera enfática que no existe persecución política en el país y que impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso», añadió.

En paralelo a la crisis diplomática, el Congreso peruano aprobó el martes adelantar las elecciones previstas para 2026 a abril de 2024. La decisión fue aprobada con el voto favorable de 93 congresistas, mientras que otros 30 votaron en contra. La iniciativa contempla también que la actual presidenta, Dina Boluarte, entregue el mandato al ganador de los comicios en julio de 2024.

Boluarte, además, ha remodelado este miércoles su Ejecutivo y, entre otros cargos, ha nombrado al hasta ahora ministro de Defensa, Alberto Otárola, como nuevo primer ministro del país en el que es ya el segundo Gabinete de la jefa de Estado en tan solo dos semanas. También ha renovado a los responsables de Interior, Educación y Cultura.

Mientras tanto, las protestas continúan en las calles, donde han fallecido ya al menos 27 personas en los choques con las fuerzas de seguridad, según el último balance hecho público por las autoridades. El Congreso decretó el pasado jueves el estado de emergencia, que estará en vigor durante 30 días, y permite desplegar al Ejército en puntos considerados críticos para el funcionamiento del país.