Castillo es detenido tras un intento frustrado de imponer un Gobierno de excepción en Perú

El anuncio de Castillo era un atropello al artículo 34 de la Constitución y configuraba el delito de sedición, que ocultaba sus verdaderas intenciones: huir asilado a México y escapar así de la Justicia que lo investigaba por seis casos de corrupción.

Castillo decidió deponer su actitud y abandonó el Palacio gubernamental en compañía de su mujer, Lilit Paredes, sus hijos y una cuñada. Previamente, varios testigos les vieron sacar sus pertenencias en bolsas. De allí, el exmandatario se encaminó a la Prefectura, donde fue arrestado e interrogado por la Fiscalía General, que le acusa de rebelión y quebrantamiento del orden constitucional, un delito castigado con una pena de entre 10 a 20 años

El giro de la actitud del expresidente reside en una única clave: la negativa general de políticos, policía y militares a secundar sus órdenes. Aparte además de una cerrada reprobación de Estados Unidos, España y gran parte de los países latinoamericanos. El exjefe de Gobierno había anunciado en un mensaje a la nación su decisión de «disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional», previo a la convocatoria «en el más breve plazo de un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución».

Es decir, un autogolpe en toda regla que recordó a muchos la asonada que puso en práctica Alberto Fujimori en 1992 para evitar someterse al escrutinio del Congreso por numerosas acusaciones de corrupción y otros delitos. Aquel autogolpe derivó en un duro régimen autoritario de Fujimori, contra cuya hija compitió precisamente Castillo en las elecciones presidenciales hace dieciséis meses.

El exjefe del Ejecutivo ordenó además ayer un toque de queda nocturno y la «reorganización del sistema judicial: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional». Sin embargo, su plan no llegó muy lejos. La Fiscalía General anunció de inmediato una investigación en su contra y tanto la Policía como las Fuerzas Armadas anunciaron que no acatarían sus mandatos. El dirigente de izquierdas se encontró también con el rechazo de su vicepresidenta y de buena parte del equipo de ministros, con lo cual su posición quedó enormemente debilitada y le llevó a tomar el camino de la Prefactura para entregarse.

El Congreso volvió a reunirse y aprobó su destitución con 101 votos a favor y solo seis en contra por «permanente incapacidad moral». La Cámara nombró como nueva jefe de Gobierno a Dina Boluarte, abogada de 60 años que concurrió a las elecciones también en las filas de Perú Libre, el mismo partido que el dirigente destituido. En su primer discurso, Boluarte planteó una «tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional».

El pulso está ahora en la calle, donde cientos de peruanos se manifestaron anoche en ambos sentidos: unos en defensa de la Constitución y otros a favor de Castillo, de quien dicen que ha sido objeto de una «continua persecución política». La Policía tuvo que intervenir para sofocar enfrentamientos entre ambas partes.

El detonante de todo el episodio que azotó ayer a una sociedad incrédula ante el vértigo de los acontecimientos comenzó tres horas antes de que el Congreso debatiera la posible destitución de Castillo por «permanente incapacidad moral», una figura constitucional utilizada para designar irregularidades continuas y sospechas de corrupción. Dos de sus predecesores ya fueron desalojados del Ejecutivo por la misma imputación. El antiguo maestro y líder izquierdista no quiso exponerse y anunció la imposición de un Gobierno de excepción. Rápidamente se hizo acreedor de un sinfín de críticas, no solo de la oposición, sino de su propio partido y del ámbito internacional.

Pese a llevar un corto periodo al frente del país, Castillo tuvo que afrontar otras dos mociones anteriores, de las que salió indemne, aunque las sospechas por corrupción, cohecho y favoritismo a su entorno familiar y político nunca han dejado de crecer. De hecho, ha sido removido del poder en su momento más bajo de aceptación, con un 70% de desaprobación ciudadana.