La Fiscalía de Guatemala declara «nulas» las elecciones presidenciales

Derivado de uno de dichos casos, la Fiscalía argumentó que deben anularse los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio y ela segunda vuelta del 20 de agosto, ganadas sorpresivamente por Arévalo de León, que obtuvo el 58 % de los votos escrutados. La presunta invalidación de los resultados electorales fue presentada por la fiscal Leonor Morale al argumentar que existe una irregularidad administrativa, ya que las actas utilizadas no son las aprobadas originalmente por el TSE.

«Los formatos utilizados no fueron los aprobados por el pleno de magistrados», aseveró Morales, quien añadió que las votaciones «son nulas de pleno derecho». La abogada y diputada electa del Movimiento Semilla, Andrea Reyes Zeceña, advirtió en sus redes sociales que el Ministerio Público «no tiene ninguna autoridad» para anular el resultado de los comicios. La Fiscalía también atribuyó a Arévalo de León supuestas ilegalidades en la constitución de su partido en 2018, además de un presunto caso de lavado de dinero de alrededor de 40.000 dólares.

El mandatario electo, quien advirtió el pasado 1 de septiembre pasado que la fiscal general, Consuelo Porras, llevaba a cabo un «golpe de Estado» en su contra para evitar que tome posesión el próximo enero, convocó a una rueda de prensa para última hora de este viernes.

Desde el 12 de julio, la cúpula del Ministerio Público guatemalteco, sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción, ha intentado revertir el triunfo electoral del líder izquierdista, pese a que la ley no le permite inmiscuirse en los resultados electorales.

Minutos después de la exposición de la Fiscalía, el TSE garantizó el triunfo de Arévalo de León y también los resultados de los comicios. La presidenta del tribunal electoral, Blanca Alfaro, indicó que los resultados están firmados y certificados, aunque también señaló que una sentencia distinta de la Corte de la Constitucionalidad, máximo tribunal del país, podría anular su decisión.

«Si no toman posesión, reitero, habría rompimiento del orden institucional», dijo Alfaro en referencia a la posibilidad de que declaren no válidos los comicios y Arévalo de León no sea investido el próximo 14 de enero, como está establecido en la ley guatemalteca. «No hay tiempo absoluto para que podamos de ninguna manera repetir ninguna elección», añadió. Alfaro explicó que el Ministerio Público tiene derecho a realizar «investigaciones», pero que las mismas no implican la anulación de los comicios y además defendió la transparencia del proceso electoral.

Tras las acusaciones, la OEA condenó en un comunicado el «intento de golpe de Estado» orquestado por el Ministerio Público en contra de Arévalo de León. Esta misma semana, el secretario general del organismo, Luis Almagro, estuvo en Guatemala para ser testigo, por segunda ocasión, del proceso de transición electoral, en un acto en compañía de la vicepresidenta electa, Karin Herrera, y del presidente actual, Alejandro Giammattei.

El Gobierno de España, paralelamente, ha rechazado «de modo tajante» las actuaciones protagonizadas por la Fiscalía guatemalteca, las cuales «atentan contra la democracia» y suponen «una grave violación de la voluntad del pueblo libremente expresada en las urnas». Así lo ha indicado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, que ha añadido que La Moncloa «proclama su respaldo» al presidente electo, Bernardo Arévalo, y exige que «todas las instituciones del país respeten el resultado y garanticen el traspaso pacífico de poder».