Ecuador se declara en 'guerra interna' para combatir la violencia y el narcotráfico

La medida llega, además, en medio del conflicto diplomático con México tras el asalto a su embajada en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. La violación de la sede ha sido censurada por la mayoría de las autoridades internacionales, especialmente las de la región.

Noboa impuso el llamado 'decreto 218' a medianoche del domingo, nada más expirar el estado de excepción. Aunque apenas modifica las disposiciones anteriores, sí permite que los centros penitenciarios adquieran el estatus de zonas de seguridad, por lo que seguirán bajo el control de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Las cárceles se han convertido en centros de operaciones de las bandas vinculadas a carteles de Colombia y México, y escenarios de masacres entre miembros de los diferentes grupos que se disputan el poder. De hecho, desde 2021 han muerto más de 460 presos.

Además los militares también mantendrán la autorización del Ejecutivo para prolongar «las actividades de control interno de la nación» en un intento de «prevenir y erradicar la actividad de los grupos armados organizados». Desde la presidencia defienden esta 'guerra interna' al considerar que las bandas criminales que campan sin control no están compuestas por simples delincuentes, sino que se trata de «actores no estatales beligerantes».

Esta actuación de emergencia por parte del gabinete de Noboa pretende frenar un conflicto social que desde hace dos años desangra Ecuador tras la llegada de la industria del narcotráfico, que ha establecido en Ecuador un centro logístico para el envío de sustancias estupefacientes a Estados Unidos y Europa.

Los cárteles internacionales se han unido a bandas locales desatando una ola de violencia sin precedentes en el país latinoamericano. Hasta el punto de que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha aumentado en un 300%. En 2023 Ecuador superó su récord histórico de asesinatos, estableciendo una alarmante cifra de 7.878 casos.

Por todo ello, Noboa ha convocado para el próximo día 21 una consulta popular con miras a alcanzar el respaldo de los ciudadanos para endurecer las leyes. Entre las medidas que se votarán están la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado y el aumento de penas por terrorismo y narcotráfico.

Además, a los problemas domésticos Noboa ha unido en las últimas jornadas la crisis internacional causada por el asalto a la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. El presidente argumenta que el asilo otorgado por el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador era «ilícito» y defendió el operativo alegando un «abuso de las inmunidades y privilegios».

Desde México, una vez rotas las relaciones con Quito, este lunes se anticipó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la paralización de las negociaciones para un tratado de libre comercio que mantenían ambos países, requisito para que Quito pueda incorporarse a la Alianza del Pacífico y así tener acceso al mercado asiático.