Consumo pide a los ayuntamientos investigar juntos los anuncios de pisos ilegales en Airbnb

El Gobierno, con movimientos por diferentes bandas, está estrechando el cerco sobre los pisos turísticos ilegales -la mayoría lo son, el ayuntamiento de Madrid calcula que el 90% de los anuncios de este tipo de apartamentos en la capital no tiene licencia- por el grave problema de falta de oferta de vivienda residencial que vive la sociedad y que está disparando los precios.

El ministro explica que esta situación «afecta mucho a la vida de las ciudades, con gente que está teniendo que abandonar sus barrios y comercios también implicados»: «Hay que restringir esta actividad porque está descontrolada», denunció Bustinduy en una entrevista en Antena3.

El departamento dirigido por Bustinduy abrió una investigación hace unas semanas dirigida a los anuncios ilegales publicitados en estas plataformas, con multas que pueden alcanzar los 100.000 euros para el arrendador, aseguran desde el departamento de Consumo. Y ahora han decidido ponerse en contacto a través de una carta con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para ofrecer a los ayuntamientos de toda España la posibilidad de colaborar en este sentido.

El ministro concluye que «lo que no se puede hacer es no hacer nada, como se ha hecho hasta ahora», poniendo el foco en los ayuntamientos, que son quienes tienen las competencias en esta materia. A su juicio hay que «reconducir» la situación y «priorizar el uso residencial de la vivienda». «Más allá de construir vivienda pública y destinar pisos a alquiler social, que también, hay que actuar inmediatamente y esta es una de las vías», argumentó Bustinduy».

Desde el Ministerio de Derechos Sociales detallan que Consumo «pondrá sus competencias a disposición de los ayuntamientos para identificar aquellas viviendas que se publicitan como turísticas sin contar con los permisos necesarios». Consumo pretende que trabajando «de forma conjunta» entre administraciones se identifiquen más rápidamente las viviendas no habilitadas para operar como turísticas.

Esta acción llega después de que Consumo enviara de manera formal a las plataformas de alquiler turístico requerimientos para obtener información sobre qué viviendas estarían incurriendo en esta infracción, pesquisas que ahora «se podrían intensificar» con la información que puedan aportar los ayuntamientos.

En su carta a la FEMP, Consumo destaca el «importante impacto en el modelo de ciudad» que tienen las viviendas turística y «la necesaria colaboración que debe haber entre las distintas administraciones» para poder garantizar que se cumplen los derechos de los consumidores, así como para velar por una competencia legal en un sector «que profundiza en la habitabilidad de las ciudades».