Vivienda planea un veto más efectivo por ley a los pisos turísticos en comunidades de vecinos

Aunque la ministra considera que la proliferación de pisos turísticos está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, al elevar el precio de los alquileres y limitar la oferta en el alquiler residencial, también insiste en que en la España despoblada, donde no hay tensión de precios de alquiler, los pisos turísticos aportan actividad económica y favorecen el turismo, por lo que en esas zonas no habría que tomar medidas.

Esta tarde, la ministra de Vivienda y altos cargos de su ministerio y del Ministerio de Turismo se reunieron con los representantes de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) donde explicaron la puesta en marcha de una plataforma única para monitorizar los pisos turísticos, de manera que los propietarios de dichas viviendas de uso turistico deberán inscribirlas en esa plataforma, una manera de controlar que tienen las licencias correspondientes y si no las tienen serán sancionados. Además, la ministra instó a los ayuntamientos a ejercer sus competencias en esta materia.

La ministra celebró que las comunidades autónomas y ayuntamientos estén tomando «cartas en el asunto», poniendo el ejemplo reciente de la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de querer eliminar todos los pisos turísticos en noviembre de 2028. La titular de Vivienda ha destacado que «va a beneficiar a la ciudadanía de Barcelona que quiere vivir en su ciudad, que no quiere que sea un parque temático y que prioriza el derecho al acceso a la vivienda frente a intereses económicos».

Por otro lado, el presidente de la patronal turística Exceltur y CEO de la hotelera Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, emplazó al Gobierno central a tomar cuanto antes una decisión sobre los pisos turísticos en España. «Hay que contener el desmadre que ha habido», dijo Escarrer durante la presentación de un índice sobre competitividad turística de las Comunidades Autónomas. «El modelo actual de los pisos turísticos no es el modelo que queremos en España», aseguró.

A su vez, los expertos del Consejo General de Economistas (CGE) y de Fedea consideran hay que revisar la ley de vivienda y retormar la reforma de la ley del suelo. Señalan que el problema de la vivienda es un problema de oferta que la nueva ley por el derecho a la vivienda «no solo no ha ayudado a mitigar, sino que lo ha incrementado, al reducir la rentabilidad y aumentar el riesgo de la inversión en inmuebles para su puesta en venta o alquiler».

Según el CGE y Fedea, la Ley por el derecho a la vivienda fue aprobada sin debate y sin consenso, y contra ella se han presentado ocho recursos ante el Tribunal Constitucional, algunos de ellos por los mismos grupos parlamentarios que votaron a favor. Señalan que la protección a los vulnerables no debe recaer en los operadores de mercado, ya que ante la falta de protección e incentivos se reduce la oferta y aumentan los precios. Los que continúan en el mercado, por su parte, tenderán a seleccionar con más cuidado a sus inquilinos. Como resultado, las familias potencialmente vulnerables, apuntan, empiezan a tener muchas dificultades para encontrar vivienda.

Entre las medidas propuestas por los expertos para paliar el problema figura recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el 'decreto Boyer' en cuanto a los contratos de arrendamiento de vivienda, derogando las limitaciones de plazo y demás condiciones contractuales «que hoy restringen ineficientemente la dimensión del mercado y expulsan del mismo a los arrendatarios potenciales más vulnerables». También proponen retirar las medidas de control de precios y racionalizar la estructura tributaria que pesa sobre la vivienda, con la finalidad de reducir paulatinamente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones. Los economistas consideran que se «debería restaurar la seguridad jurídica del derecho de propiedad al nivel de los demás países europeos, tanto en lo relativo a limitaciones administrativas para la promoción y construcción como, »con carácter urgente, en materias de okupación y desahucio«. Esto debería ir acompañado del establecimiento de un sistema de ayudas para alquileres o acceso a una vivienda social para familias vulnerables.

En cuanto a la reforma de la ley del suelo, que fue retirada del Congreso por la falta de apoyo, los economistas defienden que se retome para evitar la paralización de los planes urbanísticos, acortar los plazos para urbanizar y edificar, lo que abarataría y agilizaría la construcción.

Sería necesario que las Administraciones asignaran más recursos a la promoción de vivienda asequible y al incremento del parque público. En España carecemos de un parque significativo de vivienda social pública en régimen de alquiler, que sí tienen otros países. Un gran parque de vivienda de estas características es necesario para facilitar el acceso a la vivienda de una capa importante de la población que difícilmente puede hacerlo en condiciones de mercado. En este mismo sentido, sería conveniente proporcionar incentivos a la iniciativa privada para la promoción de vivienda asequible.