Vivienda matiza que evitará castigos a las comunidades que no desplieguen su ley y premiará a las que lo hagan

Así lo han trasladado fuentes de Vivienda este jueves antes del inicio de la Conferencia Sectorial de Vivienda, donde Isabel Rodríguez se ha reunido con los consejeros de vivienda de las distintas comunidades para continuar con los trabajos de la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, el nuevo Plan Estatal de Vivienda y analizar el grado de desarrollo e implementación de las medidas acordadas con comunidades con los fondos del Plan de Recuperación. Tal y como han indicado estas fuentes, no se plantea castigar a las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda con menos fondos, sino que se premiará a las que sí apliquen esta ley y declaren zonas tensionadas con fondos extras, tal y como se recoge en la propia ley aprobada hace más de un año y medio.

En declaraciones a la prensa previas al inicio de la Conferencia de Vivienda, Rodríguez ha vuelto a reprochar a las comunidades que no quieran declarar zona tensionada. «Esta ley permite que podamos bajar un 5% los precios, beneficiando a las familias, jóvenes, y que los propietarios puedan tener bonificaciones de hasta un 90%. ¿Por qué no lo hacemos? Yo no lo entiendo», ha expuesto.

Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, habían firmado un comunicado conjunto esta mañana, previo a la reunión que van a mantener esta mañana con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para expresar su «rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda».

Las autonomías gobernadas por los 'populares' (Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y León y las ciudades de Ceuta y Melilla) se reafirman así en su negativa a declarar 'zonas tensionadas' en sus territorios, rechazando intervenir los precios de los alquileres al considerar que este tipo de medidas tienen el efecto contrario: elevan los precios y recortan la oferta de vivienda. Así se lo harán constar a Rodríguez en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebra este jueves en Madrid. Hasta hora, solo una zona de Cataluña (con Barcelona incluida) y la localidad de Renteria (Guipúzcoa) han puesto en marcha este mecanismo de topes.

En este contexto de excepción con los topes, la portavoz de la Generalitat y consejera de Vivienda, Sílvia Paneque, ha avanzado que aplicar topes al alquiler en Cataluña ha dado «buenos resultados», con precios «un 3-5% hacia abajo» .Paneque ha señalado que los datos que manejan son de dos trimestres e «indican ya una contención en el alquiler», a preguntas de los periodistas al participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda, que se ha celebrado en la sede del Ministerio.

Tras la reunión, la Conferencia Sectorial ha ratificado por la unanimidad de las comunidades autónomas de régimen común, que son las administraciones beneficiarias, el reparto de los 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven, acordado en la Conferencia Sectorial del 2 de febrero de 2022. Esta ayuda se fija en 250 euros al mes, durante un plazo de 2 años para cada joven, con objeto de facilitar su emancipación o en todo caso el acceso a disfrutar de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso.

Sin embargo, para las comunidades populares, la de los topes es solamente una decisión potestativa, y por tanto legal, de las comunidades autónomas. Asimismo, las comunidades del PP recuerdan al Gobierno que el Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. «No hacerlo así supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal y de las buenas prácticas de la gestión de los fondos estatales y comunitarios», avisan.

Por ello, rechazan «el procedimiento anunciado» por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de vetar de los fondos estatales a aquellas comunidades que no cumplan con la Ley de Vivienda, pues ello conllevará, denuncian, «un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta». «No toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda, que se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos», subrayan.

Las comunidades gobernadas por los 'populares' piden al Gobierno que dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema «que ya es acuciante para una mayoría de la población española, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en general, y la de vivienda en particular». «Proponemos que la acción política de todos los representantes públicos en esta materia esté guiada por el diálogo, el planteamiento técnico riguroso y la evaluación de las políticas públicas. Las acciones de confrontación, los planteamientos extremistas y la imposición ideológica deben ser eliminados del legítimo debate político en una materia tan delicada para los ciudadanos como es el acceso a una vivienda», aseguran las comunidades del PP.

En su opinión, la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas de los ciudadanos «como consecuencia de la nefasta política del Gobierno». «En estos seis años de Pedro Sánchez como presidente, la vivienda ha pasado de ser el decimosexto problema que más preocupa a los españoles a convertirse en el segundo. Con el Gobierno de Sánchez, los alquileres se han vuelto prohibitivos. Ya son para muchos ciudadanos un bien de lujo en lugar de ser uno de primera necesidad», denuncian en el comunicado.

En este sentido, alertan de que entre junio de 2018 y abril de 2024, el precio de los alquileres se ha incrementado un 32% y, desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, en mayo de 2023, el aumento ha sido de casi un 13%. Las comunidades 'populares' denuncian además el grave problema que existe con la 'okupación', que cifran en 78.800 viviendas en el conjunto de España, «cifra equiparable a ciudades como Toledo o Guadalajara».

«En la campaña electoral de 2023, Sánchez anunció la construcción de 183.000 viviendas, que nadie sabe todavía dónde están. En materia de vivienda, ha conseguido estrangular el mercado. La carencia absoluta de medidas para combatir la situación inmobiliaria es su único legado», afirman las regiones populares.

Los datos publicados este jueves por Eurostat revelan una alarmante situación: los precios de la vivienda en España han crecido seis veces más que en la eurozona. En detalle, la oficina de estadística europea indica que la vivienda se ha encarecido un 1,3% de media en los países del euro, mientras que la subida en España ha sido del 7,9%. En comparación con el trimestre anterior, la vivienda ha subido un 1,8% en la eurozona, mientras que en España la vivienda cuesta hoy un 3,6% más que en el primer trimestre del año.