Renteria, primer municipio vasco tensionado a falta de los precios de referencia para el alquiler

Como es sabido, la declaración de zona tensionada confiere a las administraciones públicas facultades especiales para intervenir en el mercado del alquiler, entre otras cuestiones fijando una renta máxima para los pisos que salgan por primera vez al mercado (en realidad que no hayan estado alquilados los últimos cinco años) y para las viviendas propiedad de los llamados grandes tenedores. Esto es, personas o entidades que posean cinco o más viviendas en el mismo área.

Esos límites se establecerán en función de un rango de precios fijado para cada piso por el Ministerio de Vivienda que tendrá en cuenta su ubicación, superficie, estado de conservación, año de construcción, certificado de eficiencia energética... El precio del alquiler en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor o de que la vivienda salga al mercado tras cinco años sin alquilar, no podrá superar el precio máximo fijado en ese baremo. Los arrendadores con menos de cinco propiedades no estarán sujetos a este límite, aunque los impulsores de la ley confían en que por la vía de los hechos, la existencia de unos precios de referencia y de topes en una parte de la oferta sirvan para empujar hacia abajo, o al menos contener, las tarifas del alquiler.

La cuestión es que para establecer esos rangos, las haciendas de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava deben facilitar al Gobierno central los datos necesarios para poder fijarlos (precios medios en la zona, datos catastrales…). Y esa circunstancia aún no se ha producido. Itxaso ha mostrado este miércoles su «confianza» en que estas sean capaces de trasladar esos datos al Ministerio antes de que el BOE formalice la situación de Renteria como localidad tensionada y evitar que ese momento llegue sin que existan todavía los precios de referencia. Y es que Euskadi y Navarra son las únicas comunidades en las que aún no se pueden consultar las rentas orientativas.

Una ausencia que el consejero ha achacado a la especificidad de ambas comunidades, que cuentan con sus propias haciendas autónomas, a diferencia del resto de comunidades de régimen común, donde la Hacienda estatal tiene acceso directo a los datos de los contribuyentes. El consejero ha asegurado que las tres haciendas forales, el departamento de Hacienda del Gobierno Vasco y el Ejecutivo central «trabajan para poder llegar a tiempo».

Itxaso (PSE) ha participado este miércoles en Renteria en un acto junto a la alcaldesa de la localidad, Aizpea Otaegi (EH Bildu) en una comparecencia para formalizar la declaración de la villa guipuzcoana como la primera vasca en recibir la catalogación de zona tensionada. Ambos han valorado positivamente la Ley de Vivienda y las posibilidades que abre para actuar sobre el mercado del alquiler y tratar de poner fin a la escasez de demanda y la continua escalada de precios. «Vivimos en una situación de emergencia habitacional, que representa una emergencia social, y que exige adoptar medidas», han coincidido.

Han recordado que, en materia de precios, la declaración de zona tensionada implica que existan los ya mencionados límites a las rentas de pisos que sean propiedad de grandes tenedores o que salgan en ese momento al mercado. Han aclarado que ese tope afectará también a los contratos en vigor. Esto es, un inquilino que esté abonando en este momento 1.100 euros de renta a un gran tenedor, si el índice de precios de referencia establece para esa vivienda un rango de entre 750 y 900, por ejemplo, puede exigir la rebaja inmediata del alquiler. No ocurre así si el propietario no es gran tenedor, donde prima el acuerdo entre las partes.

Lo que sí están obligados a acatar ambos tipos de propietario es el índice de actualización anual de rentas que aún debe establecer el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2023 fue el 2%, en 2024 el 3%, y está pendiente de aprobarse el de 2025.

Itxaso y Otaegi han recordado también que, entre otras protecciones para los inquilinos en las zonas tensionadas, además de las herramientas relativas a los precios, estos podrán disfrutar de hasta tres prórrogas anuales adicionales de su contrato en caso de que no encuentren una vivienda alternativa a la finalización de este.

Por último, han apelado al resto de municipios vascos que cumplen los requisitos para poder ser declarados tensionados, un total de 43 en los que habitan 1,5 millones de personas, a que sigan el ejemplo de Renteria e inicien los pasos para acogerse a esta posibilidad. Han defendido que el combate contra la crisis de la vivienda «no puede hacerse en clave solo municipal», sino que exige «una visión metropolitana».

A este respecto Itxaso ha informado de que tras Renteria, el Gobierno Vasco ya ha recibido las solicitudes de Zumaia, Lasarte-Oria y un distrito de Galdakao, que Irun y San Sebastián prevén formalizar la petición en octubre, y que las otras dos capitales vascas, Vitoria y Bilbao, también tienen intención de acogerse a esta figura.