Rato se escuda en una herencia de su padre y censura a Hacienda: «Nos toman por tontos»

Rato, de 75 años, ha señalado al inicio de su declaración (que seguirá este jueves) que no responderá a las preguntas de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado porque han usado «correos no expurgados que afectan a terceras personas» y, ha matizado, «no quiere contribuir a eso». El acusado elude así someterse al escrutinio de la fiscal Elena Lorente y rebatir su escrito de acusación para sorpresa de los presentes, por lo que ha optado solo por contestar a las defensas.

A preguntas de la abogada del también acusado Domingo Plazas, excontable fiscal de una empresa de Rato, de nombre Kradonara, éste ha admitido que controlaba completamente la gestión de sus sociedades y sus relaciones con los clientes. «Todos los servicios estaban reflejados, todo lo decidía yo. Si contratas con una empresa del Ibex-35 no hay tu tía, es un tipo de cliente que no va a andar con cosas extrañas», ha declarado para justificar su actividad.

Por su parte, la abogada de Rato, María Massó, ha tratado de rebatir el extenso escrito del Ministerio Público, que señala que su cliente ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española, a la que pudo defraudar 8,5 millones de euros. Esta operativa se habría realizado a través de diversas sociedades con las que habría efectuado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares.

Se trataría, según Anticorrupción, de una actividad desconocida por la Agencia Tributaria sobre la que han declarado ya decenas de testigos y peritos, entre ellos los de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda. Además, también han participado agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que intervinieron en el registro y la detención de Rato en octubre de 2015.

Desde el primer momento, la defensa de Rato ha pedido que se anule la causa, basada en pruebas obtenidas sin garantías y un registro que vulneró su derecho a la intimidad. Asimismo, solicitó la nulidad de las actuaciones y en particular de la entrada y registro de su domicilio, si bien su petición no ha sido atendida por la sección séptima de la Audiencia Provincial, que preside la magistrada Ángela Acevedo. Además, el que fuera también ministro de Economía con Aznar sostiene que gran parte de esos hechos habrían prescrito, los comprendidos entre 2005 y 2010.

A preguntas de su abogada, Rato ha atribuido parte de su fortuna a una herencia de su padre en Suiza, «por la que pagó una multa pero no le obligaron a repatriar», explicó, y ha cargado con dureza contra los peritos de la Agencia Tributaria que han comparecido en el juicio y que pusieron en duda su situación fiscal durante su estancia en Estados Unidos como responsable del FMI. «Es que nos toman el pelo. Es increíble que haya funcionarios que puedan decir estas cosas, no sé de dónde sale esta gente...es que es muy fuerte. Que digan que yo he estado diez días en Washington en 2006 es muy fuerte. Nos toman por tontos. Es indignante», ha declarado.

La Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, y 7,4 millones defraudados a la Agencia Tributaria. A esta última cifra habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas no abonadas ascenderían a 8,5 millones.

Anticorrupción también aprecia «indicios racionales» de que Rato, siendo presidente de Bankia, cobró indebidamente comisiones por los contratos de publicidad de la entidad con las sociedades Publicis y Zenith, relativos a la fusión y salida a Bolsa, que se habrían derivado a diversas empresas logrando «difuminar el origen del dinero». Durante el juicio, la defensa de Rato afeó que Hacienda no pusiera objeciones a la amnistía fiscal a la que se acogió en 2012, cuando la Fiscalía incluyó sus reticencias en el escrito de acusación.

La acusación pública cree que Rato «utilizó en realidad la declaración tributaria especial (DTE) como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio en el exterior». De este modo, al acogerse en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal introducida, omitió varias sociedades de las que era titular, declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333 euros por los que abonó al fisco una décima parte de penalización.

En total son 17 los acusados en la causa, entre los que figuran el que fuera administrador de varias sociedades vinculadas a Rato, Miguel Ángel Montero, o el ex secretario general de Telefónica Ramiro Sánchez de Lerín, para el que la Fiscalía ha rebajado en parte la responsabilidad civil por los pagos efectuados a Rato por la operadora. Por el delito de blanqueo de capitales está también acusado Santiago Alarcó, excuñado de Rato, mientras que en el de corrupción entre particulares está su antigua secretaria, Teresa Arellano, y también su mano derecha José Manuel Fernández Norniella, cuyo estado de salud le ha llevado a renunciar a la declaración.