Rato, de nuevo en el banquillo por defraudar 8,5 millones a Hacienda

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, el que también fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) habría mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

El análisis de la documentación intervenida, señalaba la Fiscalía, permitió identificar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. A la luz de tal documentación, y según el informe de 7 de julio de 2020 efectuado por la Unidad de la AEAT adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, concluyeron que resultaron cuotas defraudadas por importe de 7,4 millones de euros.

La Fiscalía recordaba además que Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal y apuntaba que omitió cualquier referencia a varias sociedades que poseía declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros y pagando a la Hacienda española 11.533,35 €.

Anticorrupción indicaba al respecto que Rato, «lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente --su fortuna-- utilizó en realidad la declaración tributaria especial (DTE) como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior».

Por todos los presuntos delitos, Anticorrupción solicitaba para él una pena de 70 años de cárcel: entre 4 y 6 años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública, 6 años por el delito de blanqueo, 4 por el delito de insolvencia punible, otros 4 por el delito de corrupción en los negocios, y, finalmente, 3 por el delito de falsedad documental, además de las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la administración tributaria por las cantidades defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados.

En este juicio se ventilará para Rato la causa en su totalidad, dado que en 2019 la Audiencia Provincial decidió anular el procesamiento relativo a la pieza en la que se investigaba el presunto cobro de 835.000 euros en comisiones por parte del que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional y presidente de Caja Madrid por contratar la publicidad de Bankia por su salida a Bolsa con dos agencias concretas. Por este asunto, la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión.

La Audiencia ordenó al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que acumulara todas las piezas que conforman el conocido 'caso Rato' para convertirlo en un único proceso. Los magistrados explicaron en su auto que de este modo se evitarían «pronunciamientos contradictorios» que pudieran darse si se juzgaban por separado la decena de piezas que había abiertas para esclarecer el origen del patrimonio de Rato.

En un auto fechado en septiembre de este año, al que tuvo acceso Europa Press, la Sección número 7 de esta audiencia provincial se pronunció sobre la prueba a practicar en el plenario y que fue interesada tanto por la Fiscalía como por Abogacía del Estado y los hasta 12 encausados. En este sentido, además de admitir para el Ministerio Público la declaración de los acusados y de los representantes de las mercantiles encausadas, se aprobaba una veintena de testificales y varias periciales de Hacienda y de unidades policiales especializadas.

En cuanto a la prueba propuesta por la defensa de Rato, el tribunal acordó la mayoría de las solicitudes de testificales si bien denegó que declarara el exministro Rafael Catalá dado que, aseguraba, su testimonio se proponía por supuestas manifestaciones realizadas con carácter general y que no tenían relevancia para el enjuiciamiento de los hechos presuntamente cometidos por los acusados.

Tampoco aceptó la testifical de Santiago Menéndez, quien fuera director de la Agencia Tributaria entre 2013 y 2018, y que también propuso la defensa del exministro. Lo planteó para que testificara «en relación con sus declaraciones públicas sobre las investigaciones previas a la denuncia temprana que realizaron los funcionarios que él dirigía» y que dio lugar al inicio de la causa. Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, donde se ha investigado este asunto, dictó auto de apertura de juicio oral en junio de 2021.

Ya en septiembre de 2020 el que fuera vicepresidente de José María Aznar conoció la sentencia de la Audiencia Nacional que le absolvía por la salida a Bolsa en 2011 de Bankia, entidad que dirigía en esas fechas.

Previamente a conocer esa absolución, ya fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid, una sentencia que fue confirmada en octubre de 2018 por el Tribunal Supremo y que le obligó a entrar en la prisión madrileña de Soto del Real.

La causa que se sigue en los juzgados madrileños comenzó teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, por un posible fraude a Hacienda por cuotas impagadas del IRPF. El exvicepresidente siempre ha defendido su inocencia en esta causa y ha arremetido contra la Fiscalía por creer las conclusiones «disparatadas» que hace la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, a quien ha acusado de hacer una investigación «prospectiva».

Y así lo manifestó también la última vez que Rato compareció ante el juez instructor Antonio Serrano-Arnal el 30 de julio de 2018, cuando negó haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y «está perfectamente justificado y explicado» gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.

En el informe de la UCO incorporado al sumario de esta causa, los investigadores sostienen que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para «colocar» en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener «sustanciosos contratos de publicidad».

El juez apuntó que dichos contratos se realizaron «por importes excesivos» y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.