El Gobierno descarta los peajes en autovías pero desviará al tren el 10% de las mercancías

El texto es el mismo, pero el titular de Transportes hizo alguna puntualización sobre uno de los puntos más polémicos de la ley: el pago por uso de las autovías. Puente garantizó que no se incluirán los peajes en las autovías porque este mecanismo «se eliminó» del texto, así como el estudio de financiación, cuando la norma se remitió al Parlamento. «Si quisiera llevarse a cabo tendría que ser por otro mecanismo», aseguró el ministro.

Este compromiso con Europa se ha sustituido por un programa en el que se pretenden incorporar mercancías al transporte ferroviario para que salgan camiones de las carreteras. El Gobierno quiere que el 10% del transporte de mercancías se haga por tren en 2030, un objetivo ambicioso teniendo en cuenta que actualmente la tasa es del 4%, la más baja de la Unión Europea (UE). «Nuestra apuesta es subir las mercancías al tren y bajarlas de las carreteras», apuntó el ministro, que explicó que el Gobierno ya está desarrollando «autopistas ferroviarias», como la que unirá Algeciras con Zaragoza, para incorporar un mayor volumen de mercancías al tren.

Esta decisión puede molestar al sector del transporte de mercancías por carretera, movilizado desde hace unos días junto a los agricultores, aunque con escasa repercusión. Sin embargo, Puente reiteró que «no hay razones objetivas» para dicha movilización porque el sector ha logrado «avances históricos» desde 2022 y aseguró que el Gobierno está «totalmente alineado con sus intereses y sus problemáticas». El ministro recordó que en lo que llevamos de año ya ha habido tres reuniones con el sector y que los problemas se resuelven «con diálogo y trabajo, en lugar de con movilizaciones».

De hecho, preguntado por este periódico tras el anuncio de Puente, el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia, explicó que ese objetivo del 10% ya estaba plasmado en el Plan Mercancías 30 y que defienden la «intermodalidad» para que las empresas de transporte afiliadas puedan ofrecer servicio «ya sea en carretera, en vagones de tren o a bordo de barcos». «Estos modos de transporte no son competencia, sino complementarios», destacó el portavoz de la patronal que pertenece al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), con quien el ministerio mantiene la interlocución.

La ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan cobrar a los usuarios por entrar con el coche en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), habitualmente el centro de las ciudades. El ministro recordó que son peajes «opcionales» al que la ley «no obliga, solo habilita», es decir, da cobertura legal para que se pueda llevar a cabo si algún ayuntamiento quiere hacerlo.

Además, la ley también obliga a las grandes empresas (las de más de 500 trabajadores o 250 en turnos) a contar con un plan de movilidad sostenible para sus empleados. Esto supone que la compañía deba contemplar el transporte colectivo, la movilidad en bici o el teletrabajo. Puente recordó que la mayoría de empresas de este tamaño ya cuentan con planes de este tipo por los beneficios sociales y fiscales que les reporta. Puso el ejemplo de Renault, asegurando que ahorra en el Impuesto por Actividades Económicas (IAE) unos 700.000 euros anuales por las bonificaciones fiscales municipales por su plan de movilidad sostenible en Valladolid.