El Estado comprará hasta un 10% de Telefónica para contener el poder de los saudíes

Con este movimiento, el Estado se convertirá en el primer accionista de la operadora (STC tiene un 9,9%, BBVA casi un 5%, BlackRock un 4,5% y CaixaBank un 3,5%), una empresa «estratégica» para España, según han reivindicado diversos miembros del Ejecutivo desde que se conoció su intención de contrarrestar el poder de los saudíes. Porque solo así se explica este movimiento. Fuentes del Gobierno han admitido en varias ocasiones que lo harían para «mantener la españolidad» por los negocios sensibles en tecnología o defensa de los que dispone Telefónica.

Nada más hacerse público el comunicado –con la Bolsa española cerrada– las acciones de Telefónica que cotizan en el parqué de Nueva York reaccionaron con repuntes del 4%. Los inversores aplauden este movimiento que ya se da en otros socios europeos como Alemania (participa en Deutsche Telekom) o Francia (Orange). De hecho, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defendió la operación porque está «en línea» con la de estos dos países y sus grandes telecos. Por su parte, Telefónica señaló únicamente que «continúa enfocada en la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026 para seguir creando valor para sus accionistas y procurar el mejor servicio a sus clientes».

Esta decisión obligará al Estado a movilizar 2.000 millones de euros, según la capitalización bursátil de Telefónica, que cerró ayer a 3,57 euros por título. Desde Hacienda aclaran que es «una operación financiera» que no impactará en el gasto ni en el déficit público. Aunque podría hacerlo en la deuda, en función de cómo se materialice. Con estos números, el Estado puede aspirar a uno o dos sillones del actual consejo.

El comunicado de la SEPI justifica esta operación porque «Telefónica es una compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones, tanto en España como en el plano internacional. Desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos».

Calviño apuntó a su vez que es «una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de estos planes». No quiso pronunciarse sobre el impacto que tendrá en el ERE que Telefónica está negociando estos días con los sindicatos, por el que saldrán de la empresa casi 4.000 trabajadores, una cuarta parte de su plantilla.

El desembarco de los saudíes ha revuelto a los accionistas y al consejo de administración, que no contaba con la llegada de STC. El grupo, que se encuentra en manos del fondo soberano de Arabia Saudí, anunciaba el 4 de septiembre que se hacía con un 9,99% de Telefónica. La mitad de ese porcentaje con una compra de títulos y la otra mitad mediante distintos instrumentos, ya que la ley española les obligaría a lanzar un OPA en el caso de que quisieran hacerse directamente con un 10% del capital.

Desde ese momento, el aparato económico del Ejecutivo se movilizó para garantizar la españolidad. De hecho, STC debía dirigirse al Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles para tener esa autorización, que aún no había llegado. Sin embargo, dos meses después de aquel anuncio de los saudíes, el Ejecutivo reconocía que iba a hacer uso de la posibilidad de hacerse con un paquete de Telefónica y recuperar una parte del poder de la firma en manos del Estado.