La acción de oro en las empresas: el control del Estado en sectores estratégicos para esta legislatura

La herramienta de la que se valdrá el Ejecutivo para controlar la entrada de inversores foráneos a empresas españolas se denomina escudo antiopas. Se trata de una legislación que se puso en marcha en plena pandemia. Entonces, el valor bursátil de muchas cotizadas se desplomó, con lo que se abría la puerta a que un fondo con mucho capital pudiera aprovechar aquella coyuntura para hacerse con una buena parte de alguna corporación. Para evitarlo, el Gobierno puso en marcha un mecanismo que le daba la posibilidad de vetar la entrada de capital foráneo en distintos sectores considerados claves.

Esa norma caducaba el 31 de diciembre del año pasado. Pero entonces el Consejo de Ministros ya la prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2024. Además, dentro de este escudo entran las ventas de activos, operaciones muy frecuentes en el sector energético y en infraestructuras.

La vicepresidenta, Nadia Calviño, ostenta ahora la última palabra para tomar en consideración cualquier veto a la llegada de un grupo extranjero. Su departamento ha asumido la competencia de Comercio, hasta ahora en manos de Industria.

Además, lo hará de la mano de la misma secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ratificada en su cargo esta misma semana. Una de las últimas atribuciones de esta secretaría de Estado ha sido comandar ese escudo antiopas. De hecho, el decreto que regula este mecanismo establece que los inversores foráneos que pretendan adquirir una empresa española estratégica deberán dirigir su solicitud a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversión, dependiente de esta secretaría de Estado.

Pero el Gobierno quiere ir más allá y ya se ha planteado la posibilidad de elevar su participación en algunas de las empresas estratégicas. En Telefónica, por ejemplo, está dispuesta a alcanzar un 5%, junto a un grupo de inversores españoles, tal y como se comunicó al mercado a mediados de noviembre. El Estado ya participa en Indra, IAG, Redeia, Hispasat o Enagás.

Si fuera a más, con esta estrategia, España seguiría la senda de otros países europeos cuyos gobiernos tienen la última palabra en algunas de sus históricas compañías. Por ejemplo, Alemania controla un 30% de Deutsche Telekom (un 16,6% lo tiene el banco público KfW y el Estado, un 13,8%). Y Francia participa en un 23% en la operadora Orange.