Los 'hombres de negro', detrás del Gobierno

España es la cuarta economía de la zona euro y la UE no puede volver a jugársela como ocurrió en la Gran Recesión de hace una década. Tanto desde dentro como desde fuera la palabra «ajuste» resuena desde hace meses. Es decir, «apretarse el cinturón»: reducir la deuda pública (más de 1,5 billones de euros); el déficit (superior aún al 3% del PIB);_cuadrar el sistema de pensiones; llegar al comprometido pleno empleo; y seguir creciendo. Todo pasará por el filtro de los nuevos 'hombres de negro' cuya sombra se cierne sobre todos los ministerios económicos de Sánchez.

No hay movimiento económico del Gobierno que no haya escapado al escrutinio del Banco de España. Los informes elaborados por el supervisor y las intervenciones del gobernador, Pablo Hernández de Cos, insisten en recordar la necesidad de actuar con prudencia y de vigilar los «riesgos» que se ciernen sobre la economía, aunque España crezca más que el resto de países de la UE y haya esquivado la recesión por la que pueden atravesar otros socios comunitarios.

De Cos es el 'pepito grillo' que suele poner delante del espejo a los Ejecutivos. Y él es, precisamente, el primer gran cargo cuya sustitución debe afrontar Moncloa en apenas seis meses. Será necesario realizar un encaje de bolillos para proponer en el cargo a un perfil altamente reconocido y, sobre todo, con el consenso del PP. Esa es, al menos, la práctica habitual, la del pacto entre los dos grandes partidos. Aunque la tensión generada con la ley de la amnistía dificultará previsiblemente el acuerdo.

Mucho más directos han sido los dardos lanzados por la AIReF contra las últimas decisiones del Gobierno en materia de impuestos y gasto. La Autoridad Fiscal vigila la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad presupuestaria. Se creó en 2014 y se ha ganado una merecida fama de independencia, objetividad y transparencia.

A su presidenta, Cristina Herrero, nombrada en 2020 con el voto favorable unánime de todos los grupos parlamentarios, no le ha temblado el pulso cuando ha tenido que sacarle los colores al Gobierno, en especial al hasta ahora ministro de Seguridad Social y su antiguo jefe en la AIReF, José Luis Escrivá.

En 2026 habrá que renovar la presidencia. Hasta entonces habrían pasado más de dos años de legislatura con, al menos, un Presupuesto. La reducción del déficit público será objeto de atención especial, sobre todo por los 10.000 millones de euros que habrá que ajustar en las cuentas públicas, como viene advirtiendo la AIReF. También ha avisado de que se tendrán que tomar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, el capítulo más importante de gasto público. La Autoridad Fiscal alertó de que el incremento previsto de las cotizaciones solo cubriría la mitad de aumento del gasto estimado para las próximas décadas y que el déficit del sistema continuaría.

Advertencia que no gustó a José Luis Escrivá, quien puso en tela de juicio esos informes. Ni sus críticas ni otras han arredrado a la AIReF. «No pueden abrirse grietas en nuestro principio de independencia, que debemos defender cada día», afirmó Herrero al señalar que «no es bueno pasar de la AIReF al Gobierno», en clara crítica a Escrivá.

Además, el organismo que preside Herrero evalúa el gasto público para descubrir ineficiencias, pero el Gobierno solo ha tenido en cuenta una tercera parte de sus recomendaciones y ha dejado sin implementar propuestas que mejorarían la eficacia de hasta 60.000 millones de euros de gasto público.

También la Comisión Europea le ha tocado la bocina al Gobierno y se prepara para darle un tirón de orejas si no reduce lo suficiente el déficit y la deuda pública el año que viene. Bruselas considera que la situación fiscal de España es «muy difícil» y que ya no tiene apenas margen para aumentar el gasto. Si España no cumple, Bruselas le abrirá un procedimiento de déficit excesivo, por el cual le podría exigir un mayor ajuste. Y lo hará mediando unas elecciones europeas que cambiarán la actual configuración de la Comisión, hasta ahora presidida por Von der Leyen.

El Ejecutivo cuenta con la baza de poder influir en las negociaciones de las que serán las nuevas reglas fiscales para la UE a partir del 1 de enero. Tras dos crisis consecutivas (el 'shock' de la pandemia y la posterior tensión por Ucrania y la inflación), llega el momento de volver a apretarse el cinturón. La duda reside en cuánto tendrán que ajustar los Estados sus presupuestos y si será posible concretar cuentas públicas a medida para evitar los grandes recortes realizados entre 2010 y 2014.

Desde Europa también llega la atenta mirada del Banco Central Europeo (BCE). Sus decisiones impactan directamente sobre el bolsillo de los ciudadanos y del Estado. Con la previsión de unos tipos de interés elevados durante bastante tiempo –siguen anclados en el 4,5% tras subir del 0% en apenas año y medio–, el Gobierno afronta una legislatura en la que el coste de su deuda será más caro. Habrá que ajustar otras partidas para pagar los intereses, como hacen precisamente todas las familias con sus hipotecas desde 2022.

El pacto entre PSOE y Sumar incluye una vuelta al pasado: la segregación de la Comisión Nacional de Competencia para que las funciones de Energía pasen a un nuevo organismo, como ocurría antes de 2012. Los conflictos de la luz, el gas o los combustibles son precisamente los que más tiempo, expedientes e investigaciones acaparan en la CNMC. Y los más sensibles para las compañías afectadas. El nuevo Gobierno no solo tendrá que desligar esta competencia del organismo presidido por Cani Fernández, sino que deberá hacerlo cuando hay en marcha una reforma del mercado eléctrico en la UE, lo que complicará aún más el proceso de separación.