España no afrontará sola la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA. Desde el primer momento, Bruselas se mostró dispuesta a «poner en marcha todos los mecanismos posibles» para ayudar al país a recuperarse de la catástrofe, con la activación de los satélites ... europeos para coordinar las labores de rescate. El país también podrá solicitar ayuda de los fondos de Solidaridad y Cohesión para hacer frente al coste de los daños causados por el temporal, además de reformar los fondos de recuperación Next Generation para la reconstrucción de Valencia, una medida que el Gobierno ya ha transmitido a la Comisión Europea.
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El fondo de Solidaridad de la UE no es un mecanismo de respuesta rápida, sino un instrumento de 'alivio' que los Estados miembros pueden solicitar tras sufrir un desastre. Para acceder a este fondo, España deberá solicitarlo en los tres meses posteriores a la tragedia, junto con una estimación de daños y otra información relevante para que la Comisión Europea pueda tomar una decisión al respecto, apuntan fuentes del Ejecutivo comunitario. La institución determinará, de este modo, la ayuda financiera a la que podrá acceder España -dentro de los fondos disponibles que contenga este mecanismo-, una decisión que deberán ratificar el Consejo y el Parlamento Europeo.
Esta ayuda financiera servirá para sufragar de forma retroactiva las medidas puestas en marcha desde el día uno del desastre e incluye la reconstrucción de infraestructuras de energía, agua, saneamiento, telecomunicaciones, transporte, sanidad y educación. También la acogida temporal de los desplazados y la financiación de los servicios de rescate, así como la limpieza de las zonas afectadas y construcción de infraestructuras preventivas para hacer frente a las necesidades de la población.
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Hungría ha solicitado acceso a estos fondos para reparar los daños causados en varios de sus territorios por las inundaciones, aunque estas ayudas aún se encuentran en fase de evaluación. En 2021, Alemania recibió 612 millones de euros de este mecanismo, tras las inundaciones que afectaron a varias de sus regiones, dejaron 180 víctimas mortales y destruyeron miles de hogares, varios puentes y carreteras. Este año Portugal también ha solicitado ayuda europea bajo el paraguas del Mecanismo de Protección Civil para enfrentarse a los graves incendios forestales que se han registrado en el país. Como respuesta, la Comisión movilizó ocho aviones de extinción de distintos estados europeos y la UE financió de forma parcial los costes operativos y logísticos de las labores de extinción.
España también podrá utilizar los fondos de Cohesión, la mayor fuente de financiación de la UE, que cuenta con 14.000 millones de euros. Estos fondos pueden ser utilizados para la prevención y preparación ante los riesgos relacionados con el clima como inundaciones y sequías, lo que abre la posibilidad de que se pueda activar para reparar los daños causados por las inundaciones.
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Fuentes de la Comisión Europea detallan que España ha destinado alrededor de 863 millones de euros de estos fondos para la preparación ante desastres en el periodo 2021-2027. Cada país de la UE cuenta con un sobre propio, con unos fondos determinados para ese periodo concreto, que puede reprogramar según sus necesidades, pero fuentes de la institución detallan que no se trata de fondos adicionales. Bruselas propuso en octubre «una mayor flexibilidad» dentro de estos fondos y de la Política Agraria Común (PAC) para que los países europeos puedan afrontar las consecuencias sociales y económicas de los desastres climáticos.
Además, el Gobierno español ya ha comunicado a Bruselas su intención de reformar su plan de recuperación para incluir la reparación de los daños causados por la DANA. Estos fondos incluyen los Fondos Regionales para la Resiliencia, que servirían para hacer frente a los daños de los hogares causados por las inundaciones y para hacer que los cascos urbanos sean más resilientes de cara a futuros eventos climáticos.
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El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, subrayó que las nuevas reglas fiscales de la UE también incluyen la posibilidad de flexibilidad para dar respuesta a catástrofes naturales, por lo que Bruselas no tendría en cuenta estos gastos a la hora de evaluar las cuentas públicas españolas.
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