Los accionistas de Ferrovial apoyan irse a Países Bajos con duras críticas al Gobierno

En poco más de dos horas, los propietarios de Ferrovial decidieron un cambio de rumbo que llevará la sede social de la compañía a Amsterdam tras autorizar la fusión de la firma española por parte de la firma holandesa, que ahora será la matriz del grupo. Solo un 5,7% de los accionistas que acudieron (la junta tuvo un quórum del 77,6%) votó en contra. Entre ellos, Leopoldo del Pino -hermano del presidente-, quien, con un 4,2% de la propiedad, ya había anunciado su negativa. A él se habrían unido otros minoritarios hasta rozar casi el 6%.

A Ferrovial todavía le queda por superar una traba más. En el próximo mes, ese 5,9% de los accionistas que han votado en contra del traslado pueden ejercer su derecho de separación. Es decir, que la empresa les compre sus participaciones a 26 euros por título. Si el número de peticiones supera los 500 millones de euros de desembolso, el cambio de sede queda en el aire. Todo dependerá de lo que haga el propio Leopoldo Del Pino, el único que con su decisión final puede superar el porcentaje del 2,5%.

El escrutinio llegó precedido de un discurso, el de Rafael del Pino, en el que insistió en la justificación que había expresado la empresa en el último mes para irse a Países Bajos. El presidente de Ferrovial aclaró en su intervención ante la junta que la empresa «no persigue ninguna ventaja fiscal» por trasladarse.

También insistió en que concurren «motivos económicos válidos» para realizar la operación de cambio de sede social. Una clara llamada de atención tras las declaraciones de varios ministros del Gobierno en los últimos días en las que le han advertido de que tiene que justificar claramente esas razones para seguir acogiéndose a las ventajas fiscales con que cuenta a través del Impuesto de Sociedades.

El ejecutivo aclaró que son esas razones las que «permiten acogernos al régimen fiscal de fusiones». Esa normativa habilita al grupo para mantener ventajas tributarias que podría perder si no justifica ante la Agencia Tributaria los motivos reales. Del Pino esgrimió argumentos menos económicos y más sentimentales para convencer a un auditorio que ya tenía clara su posición: el cambio de sede «es la mejor contribución que esta empresa puede hacer a la sociedad donde estamos presentes». E insistió en que seguirá operando en España, «mantendremos el empleo» y «seguiremos contribuyendo fiscalmente».

Consciente de que todas las miradas, incluidas las del fisco, pesan sobre él, Rafael del Pino expuso las diferentes «razones económicas» -las que le va a exigir Hacienda, estipuladas en una norma de hasta 60 puntos- para tomar esta decisión: el traslado «forma parte del desarrollo natural» de Ferrovial, con una actividad exterior que supera el 80% de su facturación; «busca mejorar su capacidad de competir y de crecer en el ámbito internacional»; se «alinea» con la estructura societaria, controlada en buena medida por inversores extranjeros; «facilita mejores condiciones de financiación», con una prima de riesgo en Países Bajos mejor que la de España; y «aumenta la capacidad de inversión» en el mercado americano, su objetivo.

El ejecutivo insistió en que ésta es, por ahora, la única alternativa para cotizar directamente en el parqué de EE UU. Se trata del último choque con el Ministerio de Economía. Para la vicepresidenta Calviño, una empresa española puede cotizar directamente en el mercado estadounidense. Sin embargo, Del Pino apuntó ayer que «no es fácil ni inmediato establecer una cotización directa en EE UU». Es decir, se puede habilitar el camino por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero es una opción sin desarrollar y que precisa de cambios, tal y como admitía Economía en la carta enviada a Ferrovial para disuadirle de su marcha.

Su discurso no solo fue refrendado en la votación, sino en las intervenciones de los accionistas que tomaron la palabra. Todos apoyaron la operación. Y casi todos cargaron contra el Gobierno por su actitud de las últimas jornadas. Un accionista francés llegó a apuntar que «cualquier interferencia de las autoridades públicas es una violación del derecho de propiedad». Otro vinculado a la asociación europea Better Financer, defendió que estas decisiones «tienen que ser tomadas exclusivamente por los accionistas y nunca instancias políticas». Y también un representante de una de las asociaciones de pequeños accionistas ha apuntado en su intervención que la actitud del Ejecutivo «bordea la legalidad». El seguimiento a Del Pino fue férreo entre todos los accionistas que acudieron a la junta en Madrid, con muestras inquebrantables en su decisión de mudarse.