Ediles investigados en Villamediana achacan la denuncia del exconcejal a una venganza

Primero han llegado la secretaria municipal, Myriam Torbado, y la interventora, Vanesa Martínez, seguidas de los abogados de los investigados, algunos conocidos como la diputada regional Henar Moreno, quien representa a los exediles de IU, y el exconcejal del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Gómez Ijalba, representante de su compañero de partido, Rubén Sáenz. El regionalista ha sido quien más acompañado ha estado en la espera puesto que después han llegado Rubén Gil Trincado y Miguel Ángel Martínez, concejal de Cenicero; mientras que el socialista Enrique San Román ha estado acompañado de la alcaldesa de Villamediana, Ana Belén Martínez, quien declaró el pasado lunes, igual que los ex alcaldes del PP Tomás Santolaya y Rubén Gutiérrez.

Juan Pedro Martínez, exconcejal socialista del equipo de Gobierno de Villamediana, puso en conocimiento del Ministerio Fiscal en diciembre del 2018 los hechos por los que se han abierto diligencias previas, apareciendo como «denunciante» en las citaciones del Juzgado de Instrucción 2 de Logroño y se espera sea llamado a declarar a finales del mes en calidad de testigo. En el Pleno del 17 de agosto de 2017 nueve concejales de la Corporación de entonces (se ausentaron los populares Adelina Martínez y Jesús Ángel Garrido, la naranja Teresa Martínez y el propio Juan Pedro Martínez) aprobaron por unanimidad el pago de 128.167,58 euros a Barinaga Abogados por medio de un reconocimiento extrajudicial de créditos, en base a un informe de Intervención. La cuantía procedía de la anterior legislatura (2011-2015), con Santolaya como alcalde, y correspondía a los servicios prestados por el abogado Javier Barinaga defendiendo al Ayuntamiento de Villamediana en las causas de las promotoras inmobiliarias La Fontanilla 2006 y Sierra de la Demanda, el vecino Julián Santolaya y los exediles Sonia Ibarguren y Jesús Ángel Cámara, estas relativas al chalé de Pedro Sanz.

Meses después, en marzo de 2018, Juan Pedro Martínez fue expulsado del PSOE de La Rioja y del equipo de Gobierno de Villamediana, así como del Grupo Municipal Socialista (y finalizó la legislatura como edil no adscrito), al ser sancionado por una infracción urbanística calificada como muy grave, debido a que en el 2012 había solicitado una licencia municipal de obra para construir un baño en su merendero del barrio de las Bodegas pero construyó un calado invadiendo espacio público viario. El concejal fue denunciado por un presunto delito contra la ordenación del territorio y aunque el mismo Juzgado que ha abierto diligencias ahora acordó el sobreseimiento provisional de la causa, está pendiente de pagar o no 50.000 euros por una sanción administrativa tras presentar un recurso pendiente de resolución ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

El actual segundo teniente de alcalde de Villamediana, Rubén Sáenz (PR+), explica que «votamos a favor de pagar una factura de un trabajo realizado, no sabíamos cómo se había realizado la contratación, que había sido en el 2013, y yo entré en la Corporación en el 2015 y era un 'currifichante', solo sé que teníamos el informe favorable de la interventora». «Pienso que es algo personal, no es la primera denuncia que pone Juan Pedro, así que creo que lo hace por venganza e intentar librarse de sus cosas», declara Sáenz, aludiendo a que el denunciante posee una «construcción ilegal». Por tanto, el edil regionalista afirma que en el equipo de Gobierno actual del Villamediana impera la calma: «Estamos muy tranquilos y concienciados de que hicimos lo que había que hacer, no teníamos otra opción y no sabíamos cómo se había realizado la contratación. Ahora hemos publicado un pliego para la contratación de un abogado, de forma legal».

Modesto Fernández, ex edil de Cs, fue más allá al exponer que «el denunciante es alguien que nos acusa de algo que él mismo había votado a favor dos meses antes, el abogado al que se paga conlleva una procuradora y a esta se pagó, con otro reconocimiento extrajudicial, en el pleno anterior». Fernández recuerda que Juan Pedro Martínez estuvo en esa sesión del 25 de mayo y «votó a favor». «Nos denuncia dos años después… Es un resentido. Si votamos a favor es porque tenemos un informe técnico que nos recomienda pagar porque, si no, podemos ir a juicio y acabar pagando la factura, sus intereses y los costes del juicio», expuso el concejal de Cs.

Jesús Ángel Cámara, de IU, se muestra sorprendido ante la denuncia porque, justifica, «lo único que hicimos es poner sentido común a una situación que era el pago de unas facturas por unos servicios cuya contratación fue de otra Alcaldía, no nuestra». Y es que cabe recordar que en enero de 2017 la socialista Ana Belén Martínez accedió a la alcaldía de Villamediana gracias a una moción de censura apoyada por IU y Cs sobre el popular Rubén Gutiérrez, sucesor de Tomás Santolaya. «Cuando entramos a gobernar cumplimos con la ley de contratación, pero Barinaga ya estaba trabajando para el Ayuntamiento desde 2011», expone Jesús Ángel Cámara, valorando, sobre el denunciante, Juan Pedro Martínez, que «el norte lo tiene bastante perdido».