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El Juzgado de Instrucción N.º 2 de Logroño ha citado a declarar el próximo 4 de noviembre, como investigados en un presunto delito contra la ordenación del territorio, a la alcaldesa de Villamediana, Ana Belén Martínez, junto a los exalcaldes Tomás Santolaya y Rubén ... Gutiérrez. Posteriormente, el día 7, comparecerán Elena Suárez, M.ª Julia Olarte, Enrique San Román, Eva Muñoz, Rubén Sáenz, Modesto Fernández y Jesús Ángel Cámara, miembros de la anterior Corporación municipal que en el pleno del 17 de agosto del 2017 aprobaron por unanimidad el pago de 128.167 euros a Barinaga Abogados por medio de un reconocimiento extrajudicial de créditos, previo informe de Intervención.
Sobre esta causa también están citadas a declarar en condición de investigadas la secretaria y la interventora municipal, así como, en calidad de testigos, Javier Barinaga y el exedil Juan Pedro Martínez. Barinaga Abogados defendió al Ayuntamiento de Villamediana en varios procesos judiciales ante las denuncias de Promociones La Fontanilla 2006, Promociones Sierra de la Demanda, el vecino Julián Santolaya y los exconcejales Sonia Ibarguren y Jesús Ángel Cámara, relativas estas al chalé de Pedro Sanz.
Cuatro ediles se ausentaron en aquella sesión plenaria del 2017: Adelina Martínez, Jesús Ángel Garrido (PP), Teresa Martínez (Cs) y Juan Pedro Martínez, entonces miembro del equipo de Gobierno y posteriormente, en marzo de 2018, expulsado del mismo y del PSOE de La Rioja tras demostrarse que cometió una infracción urbanística al excederse en la obra de su bodega, interviniendo más de lo que la licencia municipal que había solicitado le permitía. Los otros nueve concejales, del PP, PSOE, Cs, IU y PR+, votaron todos a favor.
Juan Pedro Martínez solicitó en el 2012 construir un baño y terminó en el 2013 creando un calado invadiendo espacio público viario. El concejal, que se mantuvo en la Corporación municipal hasta el final de la legislatura pasada como edil no adscrito, fue denunciado por un presunto delito contra la ordenación del territorio. El 15 de junio de 2017 el Juzgado de Instrucción N.º 2 acordó el sobreseimiento provisional de la causa, a pesar de que la juez reconocía que la obra del calado «no es legalizable ni susceptible de legalización» y de que el Ministerio Fiscal consideró que existían «indicios de delito penal».
El abogado de Juan Pedro Martínez ha querido aclarar la información publicada el pasado 19 de octubre del 2019 en Diario LA RIOJA al entender que su defendido «no está condenado por un delito urbanístico». «Ha cometido una infracción urbanística, que es de orden civil, no penal, y por tanto no es un delito», explica el abogado, quien señala que a lo que se enfrenta su defendido es a «una sanción administrativa», insistiendo en que «no es de índole penal», aunque reconoce la «infracción urbanística grave».
Por otra parte, el abogado asegura que Juan Pedro Martínez «no ha puesto una denuncia» sino que «pone en conocimiento de la Fiscalía unos hechos y esta actúa de oficio». No obstante, en la cédula de citación del Juzgado de Instrucción N.2 de Logroño a la que ha tenido acceso este periódico, con fecha del 16 de septiembre de 2019, y que abre diligencias por el presunto delito contra la ordenación de territorio, aparecen identificados como «denunciante/querellante» tanto el Ministerio Fiscal como el propio exconcejal.
Consultado una vez más por este medio sobre por qué puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos denunciados en diciembre del 2018, después de haber sido expulsado del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villamediana y del PSOE de La Rioja, y no antes, Juan Pedro Martínez no ofreció respuesta.
El asunto regresó entonces al Ayuntamiento de Villamediana, que en febrero del 2018 acordó sancionar con 93.000 euros a Juan Pedro Martínez por infracción urbanística muy grave. La cuantía de la multa se rebajó después a cerca de 50.000 euros. No obstante, el acusado presentó ante el Juzgado Contencioso-Administrativo N.º 2 de Logroño un recurso que fue estimado parcialmente. Aquella sentencia en el orden administrativo, que no penal, como por error informó este periódico, también fue recurrida, por lo que aún no es firme.
«Continuamos en el punto de partida, hay una sentencia que dicta que el calado es ilegal, no es legalizable y no prescribe», expone la alcaldesa de Villamediana, quien sigue atribuyendo a una venganza de Juan Pedro la denuncia contra la anterior Corporación: «Es fruto de su rencor».
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