Sumar anuncia una iniciativa para crear una comisión que concrete las propuestas del Defensor del Pueblo

«En las próximas semanas desde el grupo plurinacional Sumar y en colaboración con aquellos grupos que lo consideren y quieran, presentaremos una iniciativa para crear desde ya una comisión de trabajo que concrete las propuestas del Defensor del Pueblo que le tocan al legislativo para no dilatar más en el tiempo el poder continuar este trabajo que empezó ya la legislatura anterior», ha anunciado la diputada de Sumar Gala Pin, tras la comparecencia de Gabilondo.

Durante el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Herminio Sancho, ha asegurado que «la voluntad» del Gobierno de Pedro Sánchez es «saldar una deuda con todas las víctimas que durante tantos años han estado olvidadas y silenciadas» y «llegar a un acuerdo» con la Iglesia para desarrollar e implementar las recomendaciones que desde el Defensor del Pueblo se han hecho. «Son necesarias medidas concretas de cara a las víctimas porque necesitan ser escuchadas y reparadas. La Iglesia Española lo debe afrontar con verdadera sinceridad y seriedad», ha insistido.

Por su parte, la diputada del Partido Popular Marta González ha indicado que los abusos sexuales a menores «son monstruosos» y ha añadido que la investigación del Defensor debería de haber «ampliado el espectro» para incluir también los abusos en otros ámbitos como la familia o en los centros de menores. «Haber circunscrito la investigación a los menores en el entorno de la Iglesia Católica ha dado como resultado unos datos sin duda útiles, pero también distorsionados y sesgados en cuanto al fenómeno en su conjunto», ha advertido.

Mientras, el diputado de VOX Ignacio Hoces, el más crítico de todos los intervinientes, ha puesto en duda que todos los casos recogidos en el informe de Gabilondo sean verdad. «Estamos seguros que muchos de los casos aquí detallados son verdad y por tanto nuestra máxima repulsa y condena, pero estamos también convencidos de que muchos de los casos habrán dejado mucho que desear y por tanto la lucidez de Gabilondo no habrá estado a la altura», ha indicado.

Además, ha afeado que el informe solo aborde los casos que afectan a la Iglesia contra la que, a su juicio, el PSOE tiene una «borrachera de odio histórico» y «una obsesión enfermiza», y ha instado a investigar también los «abusos en el ámbito educativo general, en el artístico, en el deportivo» y en «la izquierda en España». «¿Por qué no se investigan ustedes mismos, que tienen cientos de casos de abusos sexuales?», ha planteado.

Por su parte, el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch ha indicado que «el Congreso tiene que exigir acciones concretas, responsabilidades y transparencia total» y ha lamentado que, a diferencia de otros países, en España no dimiten cargos de la Iglesia. «El arzobispo de Canterbury, que es la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana, dimitió. Aquí, en este Estado, no dimite ni Dios», ha exclamado.

También ha abogado por crear un fondo de indemnizaciones «exclusivamente financiado por la Iglesia», un aspecto en el que coinciden otros grupos como Sumar o EH Bildu.

Por su parte, el diputado de Junts Josep Pagès i Massó ha valorado positivamente la metodología utilizada en el informe y «el proceso de escucha», aunque ha precisado que les plantea «más dudas, en cambio, por ejemplo, la investigación y las proyecciones que se derivan». También ha puesto en valor los pasos dados por la Iglesia y el Parlamento aunque ha reconocido que llegan «tarde» y ha pedido «que el Gobierno no se bloquee con presupuestos ideológicos» a la hora de dar forma a las recomendaciones del informe.

En este sentido, desde EH Bildu, la diputada Isabel Pozueta ha apuntado que ahora le toca al Parlamento «accionar los mecanismos legislativos necesarios para dar respuestas»; y ha apoyado la creación de un fondo estatal «financiado por la contribución de la Iglesia, solo de la Iglesia». «Esta decidirá si contribuyen todas las diócesis, si venden propiedades para indemnizar, como lo hizo también Francia», ha puntualizado.

Por su parte, el diputado del PNV Joseba Agirretxea ha destacado que el informe del Defensor es «serio, objetivo y empático» y ha defendido que «requería un tratamiento especial más allá de otros abusos porque quien lo ha cometido y en los contextos en los que se ha cometido el educativo, por medio de intimidación, en una cultura social basada en la religión, es diferente a otros ámbitos y es importante separarlo». Asimismo, citando las palabras del papa Francisco, Agirretxea ha subrayado que hay que hacer «justicia» a las víctimas.

Mientras, la diputada de Podemos Ione Belarra ha lamentado que «España llega tarde» a resolver este problema y ha opinado que el PSOE se «equivocó en el enfoque» porque, a su juicio, debería haberse creado una comisión de investigación «pública» y no hacer «un proceso a puerta cerrada, controlado por el Defensor del Pueblo» que, a su juicio, «ha usurpado a las víctimas y a la ciudadanía el necesario debate público» y «contribuye a perpetuar el silencio».

Además, ha advertido de que «hoy se siguen cometiendo agresiones sexuales en el seno de la Iglesia» y «con una enorme impunidad» y ha propuesto crear en las oficinas de víctimas, áreas homólogas a los centros de crisis 24 horas que ya establece la ley 'solo sí es sí' y «obligar a la Iglesia católica a un proceso de reparación público, simbólico y económico».

Por su parte, el diputado del BNG Rego Candamil ha expresado su «reconocimiento» a todas las víctimas de abusos sexuales que «tuvieron el coraje de romper la losa de silencio con la que la Iglesia Católica intentó ocultar la ignominia» y ha calificado el informe del Defensor de «muy necesario y muy ilustrativo», subrayando como «muy adecuada» la reflexión sobre «que el Estado no puede inhibirse de sus obligaciones» de tutela y supervisión, con independencia de que esos menores fuesen escolarizados en instituciones públicas o privadas.