Gabilondo sobre los abusos sexuales en la Iglesia: «Se ha roto el silencio»

Gabilondo ha pedido a los diputados la puesta en marcha de un plan de reparación para las víctimas por encima de «ideologías o creencias», la creación de un fondo estatal, con el concurso de la Iglesia, para el pago de las indemnizaciones, así como la celebración de un acto público que las reconozca, entre otras recomendaciones al Parlamento. «Es el momento de adoptar medidas concretas. Ahora solo falta que tanto el Ejecutivo como el Legislativo concreten su implementación», ha señalado antes de precisar que «podemos decirle al Parlamento qué es lo que cabe hacerse, pero no cómo debe hacerse».

Tras considerar que «se ha roto el silencio», Gabilondo ha achacado dicha ruptura, «al esfuerzo de las víctimas, a la contribución de los medios de comunicación, y a quienes desde distintos ámbitos han acompañado sus itinerarios de vida y sus reivindicaciones», y ha remarcado que a romper ese silencio también contribuirá «lo que pueda aportar este informe y desde luego se deberá en gran parte a la respuesta de ustedes, señorías, como miembros de las Cortes Generales».

Gabilondo ha instado al Legislativo y al Ejecutivo a que implementen cuanto antes las recomendaciones contenidas en el informe porque «las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue más», ha asegurado ante la presencia también en los palcos de invitados del Congreso de representantes de asociaciones de víctimas que han acudido al Pleno.

El Defensor ha desgranado algunas de las 24 recomendaciones que contiene el informe y que se dirigen «al Legislativo, al Ejecutivo, al conjunto de los poderes públicos, a la Iglesia y a la misma sociedad española». Las recomendaciones responden a la necesidad de «dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra forma cubierta por un injusto silencio».

El titular de la institución ha reclamado coordinación y colaboración entre Iglesia y Estado para la implementación de las medidas. «Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos».

Entre las recomendaciones se encuentran la de celebrar un acto de Estado de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas (en la línea del celebrado recientemente por el Arzobispado de Madrid en La Almudena), la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas en el que, según indicó, la Iglesia «no ha de mantenerse al margen», y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.

El informe recomienda, asimismo, diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido y el «desarrollo legal de una forma de acreditar el estatuto de víctima de esta violencia sexual específica». Y para prevenir hechos similares, pide que la Iglesia católica ponga los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

En el ámbito educativo, Gabilondo ha indicado que «hay que cerciorarse de que la inspección» ejerza una supervisión «para asegurar que los centros docentes, con independencia de su titularidad pública o privada, cumplan con las normas previstas y con los protocolos existentes».

Con el debate del documento en el Pleno se culmina el encargo que el Congreso hizo al Defensor del Pueblo el pasado 10 de marzo de 2022 para investigar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El trabajo para llevar a cabo el informe se desarrolló en tres ámbitos de actuación: una Comisión Asesora -compuesta por expertos en diversas disciplinas-, una Unidad de Atención a las Víctimas y un Foro de Asociaciones. El documento se nutre de los testimonios de las víctimas y «responde a lo que las víctimas de abusos sexuales vienen requiriendo: para empezar, ser escuchadas, atendidas y correspondidas».

A través de los testimonios recabados por la Unidad de Atención a las Víctimas se ha podido tener constancia de un total de 674 víctimas de abusos sexuales. De todas ellas, el Defensor ha señalado que 563 fueron hombres, el 84,19%, y 110 mujeres, el 15,61%. La gran mayoría tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años, con 186 víctimas, el 39%. En cuanto a la década en que sucedieron los hechos, el 31% de los casos sucedieron en la década de 1970; un 27,4%, en la década de 1960 y un 20,1%, en 1980.

Según ha explicado Ángel Gabilondo, los testimonios recogidos «han hablado de daños cognitivos, de daño espiritual, de dificultades en la vida afectiva y sexual y en la relación con los propios hijos, de la repercusión que ha supuesto para el resto de la familia, que por extensión muchas veces también han sufrido toda su vida por ello. Incluso las expectativas laborales se han visto condicionadas negativamente en muchos casos». Y ha añadido que «en muchos casos la víctima ha experimentado un vacío que se expresa como el de una vida no vivida, que le ha condenado, además, al aislamiento y a a soledad». A su juicio, «se ha de anteponer la reparación a las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia».

En su exposición, el Defensor del Pueblo se ha referido a la encuesta encargada a GAD3 «para enmarcar las dimensiones del problema y fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además del religioso».

La encuesta realizada a 8.013 personas revela, entre otras cosas, que el 11,7% de los entrevistados afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años y un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. Concluye también que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y que en un 1,13% la agresión se registró en el ámbito religioso.

En su intervención, Gabilondo reconoció alguno de los últimos pasos dados por la Iglesia católica, como el Plan PRIVA, y destacó que la Iglesia «ha pasado de minimizar» el problema al «progresivo reconocimiento» de los hechos. «En un primer momento había una tendencia bastante generalizada, sobre todo por parte de ciertos ámbitos de la jerarquía, a minimizar el alcance de los abusos. Se hablaba de casos aislados, una manzana podrida, como solía mencionarse, expresiones en definitiva de las que ustedes han oído hablar. De la minimización por parte de la Iglesia se ha pasado a un implícito y progresivo reconocimiento».

Y antes de concluir su intervención puso palabras al conmovedor testimonio de una víctima: «Nunca se podrá saber qué hubiera sido de mí, de mi vida, sin mi experiencia de abuso, y nunca se podrá saber cuánto del ser mutilado que me he sentido se ha debido a ello. Solo puedo especular que he sido la sombra de lo que podría haber sido».