Las monjas rebeldes reciben un ultimátum para dejar el convento y ellas llaman a la Guardia Civil

La comisión enviada a Belorado estaba formada por sor Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu; Rodrigo Sáiz, apoderado del Comisario Pontificio designado por la Santa Sede; y Carlos Azcona, notario del Tribunal Eclesiástico, además de la notaria María Rosario Garrido. Según informó el Arzobispado a través de un comunicado, el objetivo de este comité era establecer alguna «línea de diálogo de interlocución» con las monjas, comunicarles las facultades jurídicas de la archidiócesis sobre la administración de los monasterios y transmitirles las notificaciones pertinentes sobre la apertura del proceso canónico correspondiente a la declaración de abandono de la Iglesia católica.

Los enviados del arzobispo llegaron al monasterio sobre las dos de la tarde, pero solo la notaria civil pudo cumplir con su misión de cursar los requerimientos oportunos. Tras ser atendidos por sor Belén en el torno, y después por sor Sión en el locutorio, pidieron una entrevista con la exabadesa, sor Isabel. Sin embargo, esta les transmitió a través de sor Belén que, salvo la notaria, los demás «no eran bien recibidos» y debían abandonar el convento. María Rosario Garrido fue invitada a otra estancia interior, donde entregó los requerimientos civiles y canónicos preparados por el Arzobispado para expulsar a las religiosas cismáticas, mientras el resto de la comitiva esperaba fuera del cenobio.

«Las monjas no se van a ir, seguirán aquí», advirtió el falso obispo Pablo de Rojas en declaracionesa este periódico tras asegurar que la delegación episcopal desplazada a Belorado había instado a las clarisas rebeldes a entregar las llaves del convento «en dos días». Según el guía espiritual de las hermanas, la comisión había hecho entrega de una carta personal a cada una de las monjas y la notaria «ha levantado acta de cómo la han recibido». De Rojas subrayó también, respecto a un eventual desalojo de las religiosas, que «el Arzobispado no puede tomar ninguna medida, tiene que ser un juez. Una medida judicial la acataríamos, lo que no vamos a acatar son las medidas de Iceta», remachó.

Pese a lo ocurrido, la archidiócesis de Burgos hizo hincapié en que el Comisario Pontificio nombrado por el Vaticano mantiene su voluntad de «tender puentes y de encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución». Una pretensión cada vez más lejana, puesto que la situación se ha ido tensando cada vez más desde que las monjas anunciaran su ruptura con Roma el pasado 13 de mayo. Habrá que esperar a que se cumpla el plazo marcado por la Iglesia para conocer la reacción de la comunidad a la carta recibida, y si todas responden al unísono como hasta ahora.

Ya solo faltaba la intervención de la Guardia Civil para comprobar el grado de crispación que ha alcanzado la relación entre las monjas rebeldes y la autoridad eclesiástica. Una patrulla del instituto armado se desplazó al monasterio a petición de las religiosas después de que uno de los miembros de la comitiva, el apoderado del Comisario Pontificio, Rodrigo Sáinz, se negara en un principio a abandonar el convento como les había ordenado la exabadesa. Sin embargo, acabó saliendo tras hablar con los agentes. El Arzobispado de Burgos interpretó lo ocurrido como un «gesto de hostilidad».