Sanidad cumple su amenaza y eleva al BOE las restricciones «obligadas» para verano

El departamento que dirige Carolina Darias, tras 48 horas de vacilaciones, decidió recoger el guante de las autonomías 'rebeldes' y publicar hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) -en forma de «resolución» de la Secretaría de Estado de Sanidad- la controvertida orden. Un protocolo que durante las próximas semanas, entre otras cosas, prohíbe que en toda España las terrazas acepten clientes a partir de medianoche; que fuerza a los hosteleros a recoger las mesas a la 1 de madrugada; que obliga al ocio nocturno y a las discotecas a echar la persiana a las 3 de la madrugada; o que exige a los empresarios a clausurar el interior de sus locales cuando la incidencia acumulada esté por encima de 150 casos por cada 100.000 habitantes.

Al final, Sanidad plasmó en el BOE de este sábado su tesis de que los acuerdos del CISNS -por mucho que no sean por unanimidad y por mucho que ni siquiera exista un sistema de votación o de valoración del peso de los sufragios de las diferentes comunidades o ciudades autónomas- deben ser acatados y «obligan» a todos los territorios con «independencia de su voto», tal y como subraya el texto publicado a primera hora de hoy.

Las cinco páginas de resolución en el boletín firmadas por Silvia Calzón, la secretaria de Estado de Sanidad y número 2 de Carolina Darias, eran la formalidad que las comunidades 'rebeldes' esperaban para desatar la batalla judicial contra el protocolo con el que Sanidad aspira a homogeneizar las medidas anticovid este verano, al menos hasta que España alcance el 70% de vacunados (33 millones de personas) a mediados de agosto.

Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, Cataluña, Castilla y León, Euskadi y Melilla fueron los territorios que se abstuvieron o votaron en contra del acuerdo. La mayor parte de ellos ya ha anunciado que no acatará el protocolo y los servicios jurídicos de varias comunidades estudian desde el jueves por la mañana la posibilidad de plantear recurso contra el acuerdo del Interterritorial. Una nueva escaramuza que va a convertirse en el enésimo capítulo de la judicialización de la lucha contra la pandemia.

Según las informaciones recabadas por este periódico, los borradores en los que trabajan los dos territorios que ya han decidido recurrir (Madrid y Castilla y León) y los que estudian al menos otras comunidades son muy similares y tienen intención de dirigirse a la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. El argumento central, en síntesis, es que el Interterritorial no puede imponer su criterio porque es un mero órgano de coordinación técnica entre técnicos (que no políticos) de las diferentes administraciones territoriales.

Los alegatos pretenden incidir en el artículo 69 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que fue el que en 2003 dio carta de naturaleza a este foro, al que definió exclusivamente como un «órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud, entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado».

Esa normativa, que no es una ley orgánica que pueda afectar a derechos fundamentales, en ningún momento –entienden los juristas de las comunidades 'rebeldes' - fija el «obligado cumplimiento» de ninguna de las resoluciones del consejo. De hecho, en el artículo 71, en el que se regulan las funciones del Interterritorial, se establecen que éstas serán exclusivamente «emitir recomendaciones» sobre todo tipo de materias sanitarias, el «asesoramiento, planificación y evaluación» en diversos campos del Sistema Nacional de Salud, la «coordinación» de ese Sistema Nacional de Salud y «funciones de cooperación» entre la administración central y las autonomías.

Los borradores consultados por este periódico insisten en que el artículo 73 de esta Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud es claro a la hora de negar a este órgano la capacidad ejecutiva que quiere darle el Ejecutivo central. En ese precepto, en el que se fija el «régimen de funcionamiento», se establece textualmente que «los acuerdos del Consejo se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso». Un consenso para meras «recomendaciones» que también certifica el reglamento que fija el funcionamiento del consejo y que, evidentemente, no contradice la ley y en ningún momento da un carácter normativo a esos acuerdos.

Y es ahí donde las autonomías críticas chocan frontalmente con el Gobierno central. Las primeras entienden ese «consenso» como sinónimo de «unanimidad». En Sanidad, sin embargo, lo interpretan como «mayoría» de las comunidades. Los servicios jurídicos de las autonomías tratan de zanjar el debate tirando de la única acepción reconocida en el diccionario de la RAE: «Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos». «Todos», insisten en subrayar los letrados de los territorios 'insumisos'.

Por su parte, el Gobierno central pone todo el acento en que el Interterritorial no es más que una «conferencia sectorial» y que, por tanto, tiene que plegarse a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobada en 2015 bajo la mayoría del PP, cuyo artículo 151 establece que «cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo, el acuerdo que se adopte en la conferencia sectorial (…) será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto». En ese punto, las comunidades replican que no ha existido tal «acuerdo» porque nunca ha habido el imprescindible «consenso».