España avanza hacia el estado de alarma tras la petición de ocho comunidades

La intervención de Sánchez desencadenó una caótica cascada de peticiones casi inmediatas (País Vasco lo reclamó menos de una hora después de que hablara el presidente). En realidad, las palabras de Sánchez no habían significado ninguna variación del marco jurídico respecto a la situación anterior ni eliminaban obstáculos a la declaración del estado de alarma. Todo seguía igual. Desde hace meses, el presidente del Gobierno ha invitado a las comunidades autónomas a pedir esta figura constitucional, pero hasta este viernes ninguna se había atrevido a hacerlo por temor a las consecuencias políticas de decretar las restricciones.

Con los peores datos de la segunda ola de la pandemia, la situación ha cambiado y el estado de alarma se ha vuelto un instrumento imprescindible para tomar medidas. La declaración del estado de alarma en estas comunidades, una facultad que está en manos del Consejo de Ministros, se decretará en los próximos días. Fuentes gubernamentales no descartan que este domingo se celebre un Consejo de Ministros extraordinario con este asunto en el orden del día. Si no, la decisión se retrasaría hasta el martes, cuando se celebra el Consejo de Ministros ordinario.

Cada comunidad quiere el estado de alarma para sus propios fines, pero sobre todo, para blindarse jurídicamente a la hora de establecer restricciones, después de que los tribunales hayan expresado su rechazo, a través de resoluciones, a algunas de las medidas puestas en marcha por los ejecutivos regionales. Así lo señaló este viernes la presidenta de Navarra, María Chivite, que aseguró que su autonomía necesita «disponer de cobertura legal para poder adoptar otras medidas que vayan más allá de las actuales en vigor». En la misma línea se pronunció la presidenta de La Rioja, Concha Andreu: «El estado de alarma significa una sola cosa: disponer del amparo legal para poder adoptar las medidas que sean necesarias para atajar la curva de contagios. Necesitamos certezas y actuar en un marco normativo que nos ampare ante la adopción de decisiones firmes».

País Vasco, por ejemplo, busca un paraguas legal para evitar reveses judiciales como el que recibió hace una semana. Entonces ordenó la reducción de aforos, la limitación del número de personas en las reuniones y el cierre temprano de la hostelería, pero su Tribunal Superior de Justicia echó para atrás la resolución al entender que vulneraba derechos fundamentales. Ahora, podrá hacerlo.

Cataluña, cuyo Gobierno se reunió de urgencia por la tarde, quiere el estado de alarma para aplicar el toque de queda desde las once de la noche hasta las seis de la mañana. Asturias, que este viernes decretó el confinamiento perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés, también quiere restringir la movilidad nocturna, igual que Extremadura.

La mayoría de las comunidades que solicitaron el estado de alarma reclamaron al Gobierno que lo declare para todo el país. Una medida así debe «adoptarse en el marco de un consenso entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España», indicó la navarra María Chivite. «Es necesario que haya una declaración del estado de alarma que afecte al conjunto del Estado», destacó Urkullu. «Esta situación requiere una horma nacional. El barco necesita capitán y aunque las comunidades autónomas gestionamos el estado de alarma no puede haber 17 estados de alarma. España no puede ser un puzle», declaró, por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Sin solicitar todavía el estado de alarma, otras comunidades endurecieron este viernes sus restricciones y plantearon toques de queda 'encubiertos'. La Comunidad de Madrid prohibió reuniones en toda la región en espacios públicos y privados desde las 00:00 horas a las seis de madrugada, a excepción de convivientes, y volvió a restringir la movilidad en 32 zonas básicas de salud (ZBS), que cuentan con una incidencia de coronavirus de 500 casos por 100.000 habitantes. Castilla y León también prohibió este viernes salir a la calle entre las 22:00 horas y las 6:00.

Por la mañana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, había reconocido estar estudiando las «opciones jurídicas» para facilitar los toques de queda, pero en principio requerirían un estado de alarma para dar encaje legal a las restricciones a la movilidad.